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Resolutivos del Tribunal de Conciencia PDF Imprimir Correo electrónico
Sábado 17 de Diciembre de 2011 14:38

 RESUMEN DE LOS RESOLUTIVOS DEL TRIBUNAL DE CONCIENCIA EN EL PRIMER ANIVERSARIO DEL FEMINICIDIO DE MARISELA ESCOBEDO ORTIZ

Este Tribunal de conciencia se inscribe en la tradición de mujeres por luchar de una manera creativa y responsable para construir alternativas de paz social, de construcción de ciudadanía y de recuperación de una legalidad sustentada en una ética de la justicia y los derechos humanos  para todas y todos. Con él buscamos alimentar la memoria histórica de los feminicidios y las agresiones a defensoras y defensores de derechos humanos, crear símbolos para desarrollar una pedagogía ciudadana por la justicia y contra la impunidad. 
Es la impunidad sistemática lo que posibilita que se asesinen en Chihuahua, además de Marisela Escobedo, a otras defensoras de los derechos humanos como Susana Chávez, Josefína Reyes, Paz Rodríguez y se haya atentado el pasado 2 de diciembre contra la vida de Norma Andrade y se siga vulnerando la integridad y la vida de tantas y tantos defensores de derechos humanos.
 
 ESTE TRIBUNAL PARTE DE  LAS SIGUIENTES CONSTATACIONES:  
 
Las actitudes de negligencia y omisión por parte de las autoridades en materia de violencia contra las mujeres han llevado a que el Estado Mexicano sea sentenciado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el caso del campo algodonero, que señala los aspectos fallidos en los procesos de investigación judicial, la falta de profesionalidad y compromiso de los funcionarios a cargo de la investigación y la impunidad sistémical. Es en este contexto de violencia feminicida estructural en el que deben ubicarse los feminicidios de Rubí Frayre y Marisela Escobedo.
El feminicidio es una fractura del Estado de derecho que favorece la impunidad, que se convierte así en un crimen de Estado pues es éste, quien tiene la responsabilidad en la prevención, tratamiento y protección de las mujeres ante la violencia de género y debe garantizarles la libertad
Toda la serie de hechos y acontecimientos que comienzan con la desaparición de Rubí Frayre Escobedo, continúan con el asesinato de su madre, Marisela Escobedo Ortiz, prosiguen con los ataques a la familia de ésta y es hora que no terminan, constituyen una muestra clara de la impunidad que disfrutan los autores de la violencia hacia las mujeres y las autoridades omisas o francamente cómplices, así como del sesgo marcadamente sexista y discriminatoria en los operadores del sistema de justicia.
 
Las dos administraciones estatales que tuvieron que ver con estos casos, no tuvieron empacho alguno en torcer o violentar la legalidad para lograr efectismo mediático, o de acudir a imprecisiones en la investigación del caso e incluso a  la más burda simulación. El más reciente ejemplo de este tipo de actuaciones son declaraciones hechas por la Fiscalía General de Chihuahua sobre la identificación del  asesino de ésta, Héctor Miguel Flores  alias “el payaso, justo al cumplirse precisamente el aniversario del feminicidio de Marisela.”.
 
Durante todo este tiempo queda muy claro que ninguna de las instancias u órdenes de gobierno ha logrado reducir la condiciones que propician los feminicidios.  Una prueba de esto es que la misma Fiscalía informó que en 2 años y medio se han cometido 796 homicidios dolosos, de los cuales únicamente identifican el 10%  de los casos.
 
Ningún orden o nivel de gobierno han demostrado su capacidad para proteger la vida y la integridad física de quienes tienen el valor civil de denunciar los delitos y defender los derechos humanos, como es el caso de Marisela Escobedo Ortiz.
 
 
Es a partir de estos considerandos que ESTE TRIBUNAL CONSIDERA RESPONSABLE Y CULPABLES AL ESTADO MEXICANO EN SU CONJUNTO Y MAS ESPECIFICAMENTE AL ANTERIOR Y AL ACTUAL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, EN LA MEDIDA EN QUE SUS OMISIONES Y SUS ACCIONES INCURREN EN LA IMPUNIDAD DEL FEMINICIDIO DE RUBI FRAYRE Y POSTERIORMENTE EN EL FEMINICIDIO DE SU MADRE MARISELA ESCOBEDO Y EN LA IMPUNDIDAD DEL ASESINO DE ESTA.
 
Y emite las siguientes RECOMENDACIONES:
 
1.    Que el Estado Mexicano cumpla de manera cabal con la Sentencia Campo Algodonero de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en especial con las acciones para prevenir, investigar y sancionar, desde la debida diligencia, las desapariciones, la violencia sexual y los feminicidios.
 
Que el Gobierno del Estado de Chihuahua proceda a la revisión del Sistema Penal Acusatorio de forma que se incorpore la perspectiva de género en los mecanismos de procuración e impartición de justicia y se vaya modificando la cultura jurídica patriarcal  y las prácticas sexistas y discriminatorias de servidoras y servidores públicos.
 
Que el gobierno del Estado rinda cuentas sobre los proceso de investigación a la sociedad chihuahuense, en especial a los familiares de las víctimas de feminicidio y de los asesinatos y agresiones en contra de defensoras y defensores de derechos humanos.
 
4.    Que el gobierno del Estado implemente un mecanismo eficaz de protección a defensoras y defensores de derechos humanos, con un enfoque de género . Debe asignarse un presupuesto propio a este mecanismo y considerar la participación de la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y de las organizaciones de la sociedad civil.  Al mismo tiempo deberá evitar la criminalización de las y los defensores de derechos humanos.. 
 
5.    Que el Gobierno del Estado contemple la asignación y fiscalización de recursos económicos específicos para la implementación efectiva de las acciones destinadas a erradicar y prevenir la violencia contra las mujeres, y en especial los feminicidios.
 
6.    Que no se minimice ni oculte de la violencia contra las mujeres con el falso argumento de priorizar la atención hacia violencia generalizada. Una y la otra están íntimamente relacionadas. La violencia de género y su expresión máxima, la violencia feminicida, son síntomas claros de la descomposición social y del deterioro de las instituciones del Estado
 
7.    Que la Fiscalía General del Estado implemente acciones efectivas y contundentes para aprehender a Sergio Rafael Barraza Bocanegra, asesino confeso de Rubí Escobedo Frayre.
 
8.    Que, ante las acciones de exterminio y las amenazas en contra de la familia de Marisela Escobedo, los diferentes órdenes de gobierno y a los poderes del Estado Mexicano  interpongan acciones eficaces para prevenir y proteger la vida y la integridad física de toda esta familia y para sancionar y reparar los daños que la violencia le ha ocasionado.
 
9.    Este tribunal insta a la a la Comisión Nacional de Derechos Humanos para que ejerza su competencia para realizar recomendaciones en los casos específicos de feminicidios y desapariciones de mujeres, en especial donde hubo negligencias graves y obstrucciones en los procesos de investigación de estos casos. Se le solicita a las comisiones estatales y nacional que informen sobre el estado de las quejas  interpuestas.
 
Recomendamos la incorporación del caso de Marisela Escobedo como caso Emblemático ante el Tribunal Permanente de los Pueblo, capítulo México, en la Audiencia Feminicidios y Violencia de Género.
 
 
ACERA SUR DEL PALACIO DE GOBIERNO DE CHIHUAHUA, CHIH. A 16 DE DICIEMBRE DE 2011, EN EL PRIMER ANIVERSARIO DEL FEMINICIDIO DE LA DEFENSORA DE LOS DERECHOS HUMANOS, MARISELA ESCOBEDO ORTIZ.
 
 
Integrantes del Jurado:
 
Mariana Gómez Alvarez Icaza (Programa Universitario de Estudios de Género, UNAM). Teresa Pérez Vázquez (Tribunal Permanente de Pueblos, CIPE), María de la Luz Estrada M. (Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio), Javier Avila Aguirre, S.J. (Comisión de Solidariad y Defensa de los Derechos Humanos, A.C.), Magdiel Sánchez Q, (Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad) Víctor M. Quintana S. (Red de defensoras y defensores de los derechos humanos)-