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El Poder Judicial tiene nuevo edificio, pero no tiene manera de erradicar la tortura PDF Imprimir Correo electrónico
Escrito por Alejandro Salmón Aguilera   
Miércoles 28 de Octubre de 2015 10:38
En la víspera de la inauguración del mega edificio que albergará juzgados de todos los tipos, el presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, José Miguel Salcido hizo una confesión pavorosa: no hay infraestructura para aplica el “Protocolo de Estambul”.
 
Dicho en otras palabras: no hay manera de confirmar si hubo o no prácticas de tortura en contra de una persona que fue detenida por algún cuerpo policiaco o por las fuerzas armadas, no al menos en los parámetros establecidos en los tratados internacionales signados por el Estado Mexicano.
 
Lo dijo así, con todas las letras: “No tenemos la infraestructura para atender con los parámetros del Protocolo de Estambul a todos los que se dicen torturados”.
 
Es decir, sí tuvimos 1,020 millones de pesos para construir  tres edificios para más de 26 mil metros cuadrados de oficinas y salas para juicios orales, pero no para instrumentar una herramienta fundamental para evitar que continúe una de las prácticas más comunes e ignominiosas del sistema de persecución del delito, como es la tortura.
 
El “Protocolo de Estambul” son una serie de lineamientos aceptados por organismos internacionales en derechos humanos para la valoración desde el punto de vista  médico y psicológico si una persona ha sido víctima de tortura de cualquier tipo.
 
Para aplicarlo, se necesita algo más que encontrar quemaduras provocadas con cigarrillos o rastros de choques eléctricos; residuos de refresco carbonatado (el “Tehuacanazo”) en las fosas nasales o marcas de nudillos en alguna parte del cuerpo. El protocolo de Estambul es mucho más sofisticado, porque se ocupa de la situación de la persona que se presuma o haya sido víctima de tortura o algún mal trato. Su aplicación requiere reconocer el contexto en el que se dan los hechos, es decir, realizar una investigación psicosocial, puesto que cada caso es diferente.
 
El manual no fue ocurrencia de una ONG, sino que fue elaborado por más de 75 expertos representando a más de 40 organizaciones de 15 países. Este fue presentado al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos el 9 de agosto de 1999 y fue adoptado en el año 2000. México está suscrito a él y, por lo tanto, debería estarlo el gobierno del Estado de Chihuahua.
 
Contar con esos procedimientos es una parte fundamental para asegurar que las personas sujetas a juicio tendrán garantizado el debido proceso y comparecen ante el juez después de haber sido detenidos y vinculados a proceso con estricto apego a derecho y en absoluto respeto a los derechos humanos.
 
Sin embargo, no hay manera de asegurarlo y ya lo dijo el presidente del STJE.
 
La carencia de ese mecanismo pone en aprietos no sólo al juzgado, sino al juzgador, por lo dicho por el mismo Salcido, en el sentido de que los abogados penalistas que defienden a detenidos recomiendan continuamente a sus representados que aleguen haber sido víctimas de la tortura. El Protocolo de Estambul serviría para verificar si el detenido dice o no la verdad, pero como no hay manera de aplicarlo ¿cómo va a saber el juzgador que el procesado está inventando?
 
El edificio llamado “Ciudad Judicial” luce imponente en un polígono ubicado en el centro de la ciudad donde anteriormente sólo había viviendas de medio a bajo estrato económico, algunas calles sin pavimentar y actividades de mala nota.
 
Bonito edificio, ni quién lo dude. Lástima que no nos pueda asegurar la aplicación del debido proceso en favor del detenido…y del juzgador.
Última actualización el Miércoles 28 de Octubre de 2015 10:42
 

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