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Homicidios impunes, la “otra deuda” de las recientes administraciones PDF Imprimir Correo electrónico
Escrito por Alejandro Salmón   
Jueves 12 de Noviembre de 2015 00:00
La oposición panista y los detractores priistas del gobernador César Duarte dicen desde ahora que dejará una herencia de 43 mil millones de pesos de deuda pública. La auditoría practicada por la ASE recientemente demuestra que en realidad son 48 mil, pero ese es otro tema. Lo que nos ocupa es la “otra deuda”, la de los más de 16 mil homicidios impunes los cuales fueron perpetrados entre la actual administración y la anterior, la que encabezó el gobernador José Reyes Baeza.
 
Recientemente el Fiscal General del Estado, Jorge Enrique González Nicolás, por primera vez aceptó que era su responsabilidad aclarar  más de 9 mil homicidios impunes ocurridos entre los años de 2007 al 2010, ocurridos en la pasada administración pero no pudieron.
 
Frente a la responsabilidad como funcionario continúa en tono fatalista: “Lamentablemente es complicado a estas alturas poder resolverlos”, pues considera que es inútil el fincar responsabilidades por omisión, a los entonces exfuncionarios de la PGJE, ante el peligro en que laboraban, ya que en ese lapso perdieron la vida más de 300 servidores públicos.
 
Persiste en su justificación: “Es porque prácticamente las investigaciones fueron nulas, donde los expedientes de las carpetas de investigación están con el simple levantamiento del cuerpo, así los encontramos”, “Muchas de ellas estaban sin moverse por razones que desconozco o ignoro, prácticamente en cero, muchas de ellas incluso estaban desaparecidas”.
 
Como es usual en los miembros de cualquier aparato gubernamental, siempre justifican el rezago existente—en cualquier aspecto—con el consabido pretexto de que “ha habido avances”, tal como lo dijo el fiscal: “Poco a poco se ha hecho un trabajo, y hoy hay una resolución de un 42 por ciento de los homicidios que se cometen”.
 
Pues bien, lo que dijo el fiscal no es del todo preciso y así lo demuestran las propias cifras del gobierno al cual pertenece.
 
Del 1 enero de 2011 hasta el 30 de diciembre de 2014, que corresponden a la gestión del gobernador Duarte Jáquez, la autoridad ministerial ha registrado  un total de 7 mil 611 homicidios dolosos. Sin embargo, en ese mismo lapso se han sentenciado y condenado apenas a 721 personas por ese delito, de acuerdo con los informes presentados por el Poder Judicial. Eso significa que tiene un índice de impunidad del 91% en materia de homicidios.
 
Un dato que llama la atención es que el propio INEGI indica en su documento “Estadísticas Judiciales” que desde 1997 hasta 2006 el promedio de sentencias condenatorias por delito de homicidio en el Estado de Chihuahua eran un promedio de 300 anuales, mientras que de 2007 a 2014 la cifra cayó hasta 150.
 
Paralelamente la cantidad de homicidios dolosos en el estado de Chihuahua entre de 1997 a 2007 ascendía entre 400 a 600, pasó de 2008 a la fecha a incrementarse a más de 2 mil para ascender hasta casi cuatro mil y disminuir ligeramente hasta los mil homicidios anuales en 2015.
 
Es decir, entre más homicidios exista, la capacidad del Estado para procesar y sentenciar a una persona es cada vez menor.
 
Con esas ilustrativas cifras que muestran el tamaño de la impunidad en favor de quienes cometen el peor de los delitos, como es el homicidio, no queda más que volvernos a preguntar para qué queríamos una mole gigantesca de “Ciudad judicial” si no hay capacidad para enviar a juicio a quienes le arrebatan la vida a otra persona.
Última actualización el Sábado 14 de Noviembre de 2015 10:13
 

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