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Topo Chico: los consejos de Duarte al “Bronco” PDF Imprimir Correo electrónico
Escrito por Oserí   
Sábado 13 de Febrero de 2016 00:00
 
Luego del motín en el Penal Topo Chico, que dejó más de 49 internos asesinados, el Gobernador del Estado de Chihuahua, César Duarte aconsejó a su homólogo del estado de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón,  “dejar la publicidad y ponerse a gobernar, porque simple y sencillamente cuando se pone orden no hay motines y eso está sucediendo en Chihuahua”.
 
El ejecutivo chihuahuense, que logró la acreditación “ACA” de todos los penales, dijo que el tema de los penales es de “voluntad y decisión”.
 
Sin embargo, miente: no fue la certificación de la Asociación de Correccionales Americana la que impidió que se reprodujeran enfrentamientos entre internos de grupos del crimen organizado.
La respuesta la ofrece el informe anual 2015de la CEDH[1]
 
“Esta Comisión ha observado que las reubicaciones de internos de un penal a otro (implementadas desde hace 5 años) o las rotaciones de celda dentro del mismo, han favorecido la seguridad al interior de los centros ya que la medida ha contribuido a prevenir motines, el autogobierno, y otros conflictos entre reclusos, como los incidentes reportados de 2009 a 2013, que trajeron como consecuencia una serie de homicidios al interior de los penales.
 
Resulta que Chihuahua es la única entidad en el país donde los internos (procesados o sentenciados) no están a cargo del poder judicial, sino de la Fiscalía de ejecución de penas y medidas judiciales, es decir del Ejecutivo Estatal, violando así la constitución y la jurisprudencia de la Suprema Corte.
 
Sin embargo, este Organismo --la CEDH-- insiste en la adecuación del marco jurídico en la materia penitenciaria, especialmente en la armonización de la Ley de Ejecución de Penas y Medidas Cautelares del Estado de Chihuahua con las disposiciones constitucionales, para evitar con ello que se pongan en juego los derechos humanos de los internos[2].
 
Por ello, la CEDH emitió la propuesta 1/ 2014 al Congreso del Estado homologar la Ley de Ejecución de Penas y Medidas Judiciales del Estado de Chihuahua lo dispuesto por el artículo 21º Constitucional párrafo tercero para desterrar los traslados grupales o individuales de reos que no estén autorizados por autoridad judicial. Sin embargo ya transcurrieron dos años.
 
Estos traslados produjeron que prácticamente tooodos los procesos judiciales de los internos procesados, se interrumpieran por meses o años al cambiarlos de juez; muchos de ellos salieran libres por falta de pruebas; a los condenados se les impidió tener contacto con su familia. Otros internos, que no fueron condicionales a los caprichos de los celadores terminaran su condena en un penal de Yucatán.
 
Sería conveniente que el todavía gobernador de Chihuahua asuma su propio consejo: cumplir y hacer cumplir la ley y se deje de publicidad.
 
[1] http://www.cedhchihuahua.org.mx/portal/Informes/Informe_2015.pdf Página 57
[2] Ibídem página 59
 

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