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Diez años de desaparición forzada de activistas DH PDF Imprimir Correo electrónico
Escrito por Revolución 3.0   
Jueves 21 de Julio de 2016 11:53
 
Son 139 casos de desaparición forzada en contra de activistas o luchadores sociales, que han sido contabilizados a lo largo de dos sexenios (2006-2016), revela una investigación del Comité de Familiares de Detenidos y Desaparecidos Hasta Encontrarlos.
 
Durante el sexenio de Felipe Calderón el Comité registró 56 casos de desaparición forzada en contra de activistas o luchadores políticos, de los cuales 31 personas aún siguen desaparecidas, mientras que en 13 casos la desaparición culminó en una ejecución extrajudicial, en tanto que en 12 casos más las personas fueron liberadas después de haber sido sometidas a tortura.
 
“El regreso del Partido Revolucionario Institucional (PRI) al poder el 1 de diciembre de 2012, corroboró lo que muchas organizaciones de derechos humanos y organizaciones populares habían anticipado: la continuidad de las violaciones a derechos humanos producto de la misma política de seguridad iniciada por Calderón”, versa el documento 10 años de desaparición forzada por motivos políticos en México, en poder de Revolución 3.0.
 
El Comité da a conocer que a partir del año 2006, con la puesta en marcha de “la supuesta guerra contra el narcotráfico”, las desapariciones forzadas adquirieron nuevas dimensiones, ya que ahora no sólo se cometen en contra de disidentes políticos, defensores de derechos humanos, activistas o luchadores sociales, sino en contra de amplios sectores de la sociedad no organizada.
 
A su vez se menciona que existe una agudización en la violación a los derechos humanos, la cual se ha ido perfeccionando con el paso de los años hasta convertirse en lo que es hoy: una política de Estado desarrollada para infundir terror y mantener el control social.
 
Nadín Reyes, fundadora del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos Hasta Encontrarlos, declara a Revolución 3.0, que siendo hija de un luchador político, en conjunto a su familia han sido víctimas de hostigamiento y amenazas que provocan un proceso de división con los casos a los que dan acompañamiento.
 
“Nos encontramos siempre en un proceso de división por el mismo estigma que genera el Estado entre las mismas familias cuando las ves acompañadas por nosotros, les dicen que no se junten con nosotros, porque nuestras víctimas son guerrilleros y los de ellos no, que nuestros familiares son delincuentes y ellos no.
 
Lo que buscan es alejarlos para que no continúen el proceso de acompañamiento, el Estado es perverso porque sabe que cuando las familias se aíslan, estando solos el desgaste es mayor y terminan abandonando los casos. Como ejemplo, en 2010 en Michoacán dimos acompañamiento a personas que se alejaron, los desgastaron, terminaron solos y con el paso del tiempo y las mismas respuestas dejaron de luchar y de buscar a sus familiares”, asegura Reyes.
 
Quien suma, en el caso del Comité la intimidación que han padecido a lo largo de nueve años, por parte del Estado. “Por ser familiares de quienes somos, en su imaginario loco cree que nosotros tenemos algo que ver con el grupo al que pertenecían nuestros familiares y no dejan de hostigarnos, igual como una manera de cansarnos.
 
Hemos sufrido la vigilancia en nuestros domicilios y en nuestras actividades. Nuestros familiares por ser parte de un grupo insurgente han sido estigmatizados, como una manera de callar la movilización y también de aislarnos”, agrega.
 
El caso de los indígenas
 
A su vez, distintas organizaciones campesinas e indígenas, al unirse a la lucha de los familiares de víctimas de desaparición forzada han sufrido ejecuciones extrajudiciales y también desapariciones. “Este 2016 elaboramos el informe de desaparición forzada en México por motivos políticos, ahí se sistematiza 10 años de este delito, son específicamente casos de activistas y defensores de derechos humanos que han sido víctimas de desaparición forzada por su actividad, son líderes, son defensores de derechos humanos que por tener esta actividad fueron desaparecidos por el Estado”, señala Reyes.
 
Explica que los 139 casos de activistas y defensores de derechos humanos que fueron víctimas de desaparición forzada documentados por el Comité, mantienen un proceso jurídico en donde se ha señalado que en más del 50% de las desapariciones se asegura fueron cometidos por policías estatales y por militares.
 
“En nuestro informe quisimos mostrar que en todos los casos la respuesta es la misma: la impunidad. Es lo que persiste, hay participación clara de elementos policiacos y militares, lo que queremos  evidenciar es que por lo menos en estos 10 años todos estos casos no han tenido justicia, es por ello que creemos que la desaparición forzada, dentro de muchas graves violaciones a los derechos humanos, es la principal política de estado pero también forma parte de un terrorismo de Estado.
 
Eso es lo que vivimos en el país con todas estas políticas represivas, no es más que una manifestación de una serie de políticas que pretenden implementar el miedo y el terror en la sociedad para que ésta no se organice y participe; vemos que la desaparición forzada y la ejecución extrajudicial son dos prácticas que han sido implementadas de manera sistemática en los últimos años con esa finalidad y de una manera más selectiva en contra de luchadores sociales y dirigentes de organizaciones”, refiere Reyes.
 
Quien explica que la mayoría de los casos de desaparecidos y registrados en dicho informe, eran dirigentes de organizaciones que tenían un puesto importante dentro de sus procesos organizativos, por lo que, menciona, no es fortuito el que desaparezca un líder, ya que tiene una intencionalidad política de desarticular un grupo, “y erradicar los procesos de resistencias”.
 
Asegura que el Estado no conforme con la desaparición forzada de los líderes, también pretende borrar su historia y su lucha. Ya que “estos casos se ven invisibilizados al no aparecer en el Registro Nacional  de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas. Es decir, también tiene una intencionalidad porque ellos son líderes, activistas, son defensores de derechos humanos, que tienen un nombre, una lucha, una vida que el Estado también quiere borrar”.
 
Aumentan las violaciones en sexenio de EPN
 
Durante el tiempo que lleva la actual administración de Peña Nieto (EPN), las violaciones a los derechos humanos incrementaron considerablemente con respecto al periodo de Calderón. Según la Comisión Nacional de Derechos Humanos, durante el último año creció el número de quejas por violaciones a derechos humanos en el país en un 18%, al integrarse 9 mil 980 expedientes frente a los 8 mil 455 de 2014.
 
Durante los primeros 22 meses del sexenio de Enrique Peña Nieto, según los datos del informe, desaparecieron 9 mil 384 personas, lo que equivale a un 40% de los 23 mil 270 y dos casos de desaparición oficialmente registrados entre enero del 2007 y octubre de 2014. Sin embargo esta cifra no especifica cuántos de estos casos pueden ser desapariciones forzadas o no, debido a que no se hace una adecuada clasificación de documentación de los casos.
 
A su vez se señala que durante estos casi cuatro años del gobierno de Peña Nieto, 83 personas defensoras de derechos humanos y luchadores sociales fueron víctimas de desaparición forzada por motivos políticos. Lo cual indicó un porcentaje mayor con respecto al periodo de Calderón. El gobierno de Peña Nieto, a pesar de la magnitud del problema y de la presión internacional, que se dio a partir de la desaparición de los 43 estudiantes, sigue sin reconocer que la desaparición forzada forma parte de una política de Estado, sentencia el Comité.
 
De los 83 casos de defensores de derechos humanos y luchadores sociales víctimas de desaparición forzada, 51 de ellos culminó en ejecución extrajudicial, en otros 10 las personas fueron liberadas horas después de la desaparición y en siete casos las personas se encuentran en prisión.
 
“Hubo un periodo en el que se creyó que las desapariciones por motivos políticos eran cosas del pasado y cuando pasa la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa se cree que vuelve a resurgir, pero esto no ha dejado de pasar desde los 60, en la actualidad es una política sistemática y aquí lo plasmamos.
 

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