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Las deudas del ex fiscal de Chihuahua PDF Imprimir Correo electrónico
Escrito por Carlos Mario Alvarado/Oserí   
Martes 24 de Enero de 2017 19:44
 
Una de las causas por las cuales el ex fiscal general del Estado y ex director de seguridad pública de Juárez, Jorge González Nicolás, tendría que ser sometido a proceso penal, es la de haber restaurado el delito de la tortura como medio de investigación en Chihuahua, según consta en las múltiples evidencias verificadas por la Comisión Estatal de Derechos Humanos. 
 
Y si esa causa no fuera suficiente, qué argumentos se tendrían para soslayar la decisión del propio González Nicolás de enviar a la basura más de 9 mil expedientes relacionados con homicidios violentos sucitados durante los últimos años de la administración de José Reyes Baeza.
 
¿Acaso resulta una mera casualidad que durante 2016 la Comisión Estatal de Derechos Humanos haya recibido casi un centenar de quejas por tortura infrinjida por servidores públicos de la Fiscalía; o que la misma CEDH haya emitido cerca de 40 recomendaciones exclusivamente a esta dependencia --la mayoría por violaciones a la integridad y seguridad personal, como amenazas, lesiones, tratos indignos e inhumanos y tortura?
 
Si se observan con ojo crítico los dictámenes en varias de ellas, se constata que se trata de casos de personas que fallecieron por tortura; en otras, porque murieron por uso excesivo de la fuerza, y en otras más, las víctimas fueron abusadas sexualmente por "servidores públicos".
 
Este talante violento es compartido especialmente por las autoridades municipales de Juárez que, durante el año pasado recibieron 11 recomendaciones, la mayoría de ellas por tortura, violación al derecho a la vida, uso excesivo de la fuerza, lesiones, etc.
 
Pero en 2015 también ocurrió algo similar: de las 32 recomendaciones, 19 fueron dirigidas a la Fiscalía y 6 más a la Presidencia Municipal de Juárez.
 
Así que la defensa a favor de González Nicoláz es prácticamente imposible, ya que la ley concibe a la tortura como un delito imprescriptible, grave, y por tanto, aquellos que incurrieron en esta lesiva práctica y los que no la impidieron y por el contrario la solparon, deben ser vinculados a proceso penal.
 
¿Acaso el Ministerio Público vinculó a proceso a sus propios empleados por este delito? ¡Claro que no!
 
Otro asunto, de no poca monta también, fue la confesión pública del propio ex fiscal el pasado 7 de noviembre de 2015. Ante la prensa, González Nicolás informó que fueron lanzados a la basura toneladas de expedientes relacionados con más de 9 mil homicidios violentos ocurridos en la entidad entre 2007 y 2010, los cuales habían quedado pendientes de investigar por la entonces procuradora Patricia González, durante la gestión gubernamental de José Reyes Baeza Terrazas.
 
Bajo el argumento de que la mayoría de expedientes se relacionaban con fe pública de levantamiento de cadáveres en vía pública, González Nicolás, consideró que aclarar esos crímenes no era su obligación, y por tanto, ordenó desecharlos, como si las víctimas y familiares de éstos no tuvieran derecho alguno a la justicia.
 
De este modo, el asunto de si González Nicolás sirvió de tapadera del ex gobernador Duarte para desechar la muy conocida denuncia penal sobre enriquecimiento ilítico, parece poco relevante, de cara a las graves omisiones y acciones durante su gestión como fiscal.
Última actualización el Viernes 27 de Enero de 2017 19:16
 

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