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Exigen ONG esclarecer “crímenes” de pacientes con cáncer en Chihuahua PDF Imprimir Correo electrónico
Escrito por Patricia Mayorga/proceso   
Jueves 26 de Enero de 2017 09:05
 
Luego de que el secretario de Salud del estado, Ernesto Ávila Valdez, afirmó que existen pruebas contundentes de la sustitución de medicamentos por agua destilada suministrados a pacientes con cáncer, una treintena de organizaciones civiles condenaron los “crímenes” cometidos por funcionarios del sector salud durante el gobierno de César Duarte, y exigieron el esclarecimiento de los hechos.
 
“Los grupos criminales del anterior sexenio no se conformaron con saquear al estado y dejarlo en la quiebra total. Sus ambiciones desmedidas los llevaron a cometer actos criminales contra personas en situación de extrema vulnerabilidad, por razones de una enfermedad grave”, destacaron en un comunicado.
 
De acuerdo con las organizaciones de derechos humanos, la indefensión del paciente frente a la alteración del químico no tiene forma de ser percibida, pero claramente se violaron los derechos a la salud, a la integridad física y a la vida de un numeroso grupo de personas.
 
“Se vulneró igualmente el derecho a la verdad, al estar ahora en la imposibilidad de conocer si quienes murieron podrían haber sobrevivido o tener una mayor calidad de vida si hubieran recibido el medicamento adecuado. Hemos atestiguado el atraco en contra de los recursos públicos, lo que nunca imaginamos es que fueran capaces de asesinar para continuar acrecentando sus insaciables bolsillos”.
 
Las organizaciones firmantes adelantaron que denunciarán el “atroz crimen” ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y “pondremos en conocimiento de la Organización Mundial de la Salud, la Unidad de Derechos Económicos y Sociales, la Relatoría de Niños y Niñas de la CIDH y de la UNICEF, y en especial informaremos al relator especial del derecho de los máximos estándares de salud física y mental”.
 
En ese sentido, destacaron que los crímenes de Estado ofenden a la sociedad en general y en especial a las familias de personas con cáncer, así como a las víctimas.
 
Por ello, exigieron que las investigaciones se extiendan a la Auditoría Superior de la Federación y la Auditoría Superior del Estado, así como a la Comisión Especial Estatal para la Prevención de Riesgos Sanitarios (Coespris) –órganos responsables de supervisar la licitación y adquisición de medicamentos–, por complicidad o negligencia en la protección debida al derecho a la salud en términos del artículo primero constitucional.
 
De igual manera, demandaron la comparecencia inmediata de César Duarte y del exsecretario de Salud, Pedro Genaro Hernández Flores, para que respondan sobre esas irregularidades.
 
Casa Amiga, Centro de Atención a la Mujer Trabajadora de Chihuahua, Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Cedehm), Grupo de Abogadas Demócratas, Justicia para Nuestras Hijas y Red Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez, entre muchas otras organizaciones, señalaron lo anterior después de que el secretario de Salud del estado, Ernesto Ávila Valdez, precisó que los medicamentos oncológicos fueron reetiquetados.
 
Eso, dijo, lo detectó la encargada de la farmacia del Centro Estatal de Cancerología, luego de lo cual las autoridades interpusieron una denuncia penal ante la Procuraduría General de la República (PGR) y la Fiscalía General del Estado, en 2012, pero la investigación se detuvo.
 
“Hay un proceso jurídico desde 2012. El doctor (Sergio) Piña Marshall era el secretario de Salud. Una joven que estaba encargada de la farmacia del Centro de Cancerología se dio cuenta de que algunos de los envases no correspondían (…) Empiezan a investigar y no eran los envases, eran envases apócrifos. Se había reenvasado el producto, se había reempacado”.
 
Precisó: “Eran los mismos frascos de un producto aparentemente caduco de los laboratorios Lilly. Alguien lo compró caducado y vuelve a usar otras cajitas similares a las de Lilly, pero no correspondían. Entonces ella (la empleada) las ve medio raras, le habla al doctor y le hablan a una de las personas que venden Lilly y dicen que no corresponde (al producto original)”.
 
Entonces las autoridades del hospital levantaron un acta circunstanciada y la enviaron al órgano interno de control y al departamento jurídico que se encarga de interponer la denuncia ante las autoridades estatales y federales.
 
Al preguntarle quién autorizó esas compras o cómo es que el medicamento llegó en esas condiciones, Ávila respondió: “Esas compras llegaron del almacén, directo de Servicios de Salud. ¿Quién hizo la compra? Pues obviamente la compra la hace un comité, pero era una licitación”.
 
Ávila Valdez señaló sostuvo que en 2012, gran parte de las compras se adjudicaron a proveedores que han sido relacionados con el exgobernador César Horacio Duarte Jáquez, porque compartían domicilio fiscal con la asociación civil que él fundó –la Unión Ganadera División del Norte–, y también corresponde al domicilio con el que registró su frase: “Que el cielo bendiga Chihuahua”, ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual (IMPI).
 
Ymmarsa y Servicios y Atenciones Médicas K, agregó, tenían entre sus servicios la distribución de medicamentos oncológicos.
Mediante adjudicación directa, ese año los Servicios de Salud entregaron más de 321.1 millones de pesos a Médicas K por medicamento y material de curación para aplicarlo en el Seguro Popular, según el contrato D20517.
 
Un año antes, la Auditoría Superior del Estado había observado que los Servicios de Salud adjudicaron sin concurso los contratos D20517 y D20518, por 417.5 millones de pesos, a esa misma empresa, a pesar de que no contaba con la licencia sanitaria obligatoria.
 
Ambas empresas tenían los mismos directivos y manejaban medicamentos oncológicos entre sus productos.
Última actualización el Jueves 26 de Enero de 2017 09:09
 

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