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El Ramo 23, pacto de impunidad PDF Imprimir Correo electrónico
Escrito por Francisco Ortiz Pinchetti   
Domingo 28 de Enero de 2018 00:00
Un tema que emana directamente de los reclamos del Gobernador de Chihuahua contra al gobierno de Enrique Peña Nieto, y que por supuesto trasciende sus demandas inmediatas, es el del manejo discrecional de cientos de miles de millones de pesos adicionales al presupuesto a través del Ramo 23. Javier Corral Jurado toca con sus denuncias el meollo de lo que él mismo llama “pacto de impunidad” entre la federación y los gobernadores de los estados, que propicia la corrupción que hoy ahoga al país.
 
El uso de esos recursos a manera de premios o castigos, la zanahoria o el garrote, condiciona de manera evidente el comportamiento dócil y sumiso de los mandatarios estatales ante el Ejecutivo Federal. Un ejemplo que aporta México Evalúa,  lo describe: el Estado de México –por razones obvias–  recibe por la vía del Ramo 23 más de cinco mil millones de pesos adicionales; Chihuahua, apenas 61 millones.
 
Otro, más inmediato, revelado este jueves por Reforma: entre enero y noviembre del año pasado, el Gobierno de Chihuahua, encabezado por el panista, recibió 47 por ciento menos recursos del Ramo 23 en comparación con su antecesor en el mismo periodo de 2016. En el último año del ex mandatario priista César Duarte Jaquez, Hacienda le entregó dos mil 383 millones de pesos a través del Ramo 23; el gobierno de Corral Jurado recibió de enero a noviembre del año pasado mil 263 millones de pesos.
 
El reparto arbitrario y opaco de esos recursos es la espina dorsal del sistema político mexicano. El dinero, otra vez. “Lo que está en medio de todo esto es el uso político del presupuesto”, precisó el propio Corral Jurado en una entrevista con Adela Navarro para el semanario Zeta, reproducida por SinEmbargo.
 
Y le puso nombres y apellidos: José Antonio Meade  Kuribreña, hoy candidato presidencial del PRI; Luis Videgaray Caso, hoy canciller,  y José Antonio González Anaya, los tres últimos titulares de la SHCP. Es, dice, “la aristocracia hacendaria” que se ha acomodado desde la administración federal de Carlos Salinas de Gortari hasta la actual y que  ha sido muy poco visibilizado en términos de la responsabilidad que tiene en la corrupción de México.
 
La bolsa que Hacienda maneja a través del Ramo 23 fue en 2017 de unos 131 mil millones de pesos, destinados a “provisiones salariales y económicas” para los estados… según se porten sus gobernadores. Esto explica que incluso los mandatarios panistas no sólo han regateado su apoyo a su colega chihuahuense, sino que dieron un tácito respaldo a las autoridades hacendarias en el presente conflicto. El silencio de los candidatos presidenciales Andrés Manuel López Obrador y Ricardo Anaya Cortés, el panista, es también harto significativo.
 
Y es que Corral Jurado es el primero que se ha atrevido a romper el pacto de impunidad. Y el primero también en denunciar, investigar y documentar la transferencia habitual de esos dineros al PRI para sus actividades electorales a través de las autoridades financieras de los gobiernos estatales, como ocurrió en Chihuahua en 2016.
 
Por todo eso es muy importante el exhorto aprobado el miércoles pasado por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión para que  en un plazo no mayor a 15 días la Secretaría de Hacienda informe y transparente los convenios con los que se han transferido recursos a las entidades federativas en forma discrecional durante los años 2015, 2016  y 2017, a través del Fondo de Fortalecimiento Financiero, que forma parte de las disponibilidades del Ramo 23.
 
Un avance inesperado, sí, fruto de la lucha emprendida  por el mandatario de Chihuahua. Y esperanzador, a reserva claro de que ello en efecto ocurra. Habrá que estar muy pendientes de que no se trate de un subterfugio más, dada la práctica cotidiana de los partidos políticos de anteponer sus intereses particulares y llegar a negociaciones nada éticas para preservarlos. Por lo pronto, el PRI logró que la oposición retirara del acuerdo la solicitud de comparecencia del secretario González Anaya para que diera a los legisladores las explicaciones sobre el tema, lo cual no es un buen indicio.
 
En el dictamen respectivo se asume que el Ramo 23 se maneja con discrecionalidad y falta de transparencia, especialmente en las asignaciones que se han dado a los gobiernos estatales. Se precisa que los controles no han sido suficientes para frenar el desfalco en las finanzas públicas, en particular sobre el manejo de ese fondo adicional, ya que dicho Ramo es un cajón de gasto federal que controla la Secretaría de Hacienda.
 
Ese cajón de gastos, aclara el dictamen, es el único que no se encuentra regulado por la ley y su objetivo no está legalmente definido, lo que permite discrecionalidad en su asignación a través de programas con objetivos relacionados con provisiones salariales y prestaciones sociales, la administración de ingresos excedentes e incluso la distribución de recursos para desarrollo regional.
 
Por más optimistas que seamos, sin embargo, no podemos olvidar que estamos en un año electoral crucial, en el que los recursos económicos se vuelven fundamentales para la consecución  legal e ilegal de los votos ciudadanos. El dinero es la argamasa que da fortaleza y a la vez elasticidad  a la impunidad en este país. Unos a otros se encubren, se solapan. Y a eso ningún partido es ajeno. Ninguno. Válgame.
 
@fopinchetti
 

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