Mentiras y distorsiones sobre caso Chihuahua PDF Imprimir Correo electrónico
Escrito por Alfredo Lecona   
Jueves 08 de Febrero de 2018 09:49
 
Del dinero público de los estados, dinero de las personas, se financian campañas electorales.
 
La cruzada contra el pacto de impunidad tomó fuerza y cauce con la Caravana por la Dignidad que salió de Ciudad Juárez el pasado 20 de enero, con dos banderas: la extradición del saqueador de Chihuahua, César Duarte, y el pago de los 900 millones de pesos que la Secretaría de Hacienda retuvo a Chihuahua, intentando chantajear al Gobernador del Estado para hacerse de información procesos penales en contra de distinguidos miembros del PRI. Pero desde la denuncia, el inédito esfuerzo por desmantelar una red de corrupción política del más alto nivel, ha encontrado barreras construidas desde la mezquindad y la desinformación.
 
Las siguientes tres expresiones públicas, me parece, reflejan esas mentiras y distorsiones sobre caso Chihuahua:
 
1. “Vemos hoy en el país las peores expresiones de la política, vemos hoy en el país un contagio de esta traición. No solamente la mentira y el engaño, vemos en este país, por primera vez en muchos años, a un gobernador que tortura“: Jose Antonio Meade, 9 de enero de 2018.
 
La declaración del precandidato del PRI marcó la pauta de lo que vendría por parte del Gobierno Federal en las semanas posteriores, para intentar afectar el proceso iniciado en contra de Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, ex secretario adjunto del CEN del PRI, acusado de participar en el desvío de más de 250 millones de pesos hacia su partido. A finales del año pasado, después de que Gutiérrez fuera detenido, José Antonio Meade declaró tener “afecto en lo personal” por el priista, y que estaría pendiente del caso esperando “que se aclare a satisfacción”.
 
Se sabe que, al día de hoy, Gutiérrez ha declarado nada sobre las imputaciones en su contra. Su defensa, alineada con el gobierno federal y el precandidato del PRI, ni siquiera se han atrevido a negar su participación en los desvíos, pero la estrategia ha sido presentarlo como víctima de tortura para conseguir una medida distinta a la prisión preventiva que hoy lo tiene privado de su libertad. Un intento de “rescate” cínico, empezado por el precandidato que, cuando fue canciller, negó la tortura generalizada que existe en el país, y operado por una PGR que ha sido señalada por llevar a cabo esa infame práctica para la obtención de testimonios en casos de violaciones graves de derechos humanos.
 
2. Los desvíos en Chihuahua, “distractor” creado por Anaya y Corral: Yeidckol Polevnsky, 12 de enero de 2018.
 
El pasado 8 de enero, horas después de que Javier Corral denunciara el intento de chantaje y la retención de recursos, Andrés Manuel López Obrador declaró en Veracruz que José Antonio Meade fue tapadera del peculado electoral de César Duarte, y aseguró que el precandidato estaba nervioso por su participación en la convalidación de la entrega de recursos al PRI a través de la Secretaría de Hacienda, cuando fue su titular.
 
Parecía que MORENA actuaría con responsabilidad frente al tema. Que a pesar de que la denuncia no se hubiera originado desde ese partido, jugarían un rol propio para desmantelar el Pacto de Impunidad. Que serían verdadera oposición.
 
Pero algo sucedió en los siguientes cuatro días. La declaración de Polevnsky, enterró la posibilidad de atacar desde diversos frentes el desvío de recursos públicos al PRI, como si no les preocupara el modus operandi que con toda certeza va a repetirse en el actual proceso electoral. Como si no hubieran enfrentado la derrota en Estado de México, el año pasado, precisamente por el uso de dinero público para imponer a Alfredo del Mazo. ¿Le faltó imaginación al partido que lidera las encuestas para construir una narrativa propia? ¿No pudieron adelantarse para llevar el caso al INE y potenciar la denuncia que presentaron en diciembre pasado ante la FEPADE? ¿Tendrá algo que ver que el PT –su aliado electoral- haya ido en coalición en 2016 con el PRI en Chihuahua, precisamente en la campaña a la que se desviaron recursos?
 
Nada mal debe caerle al PRI y al Gobierno Federal que el puntero en las encuestas, con la innegable fuerza de sus simpatizantes (sin la de sus honrosas excepciones), sea quien más alimente la teoría de la capitalización electoral de las acciones del Gobierno de Chihuahua y la Caravana por la Dignidad; aun cuando, irónicamente, fue la voz del mismo López Obrador, una de las primeras en señalar la responsabilidad del precandidato del PRI en el entramado de corrupción política en Chihuahua.
 
3. “Unos entregaron al detenido. Los otros entregaron el dinero. Suena a extorsión o secuestro. Otros lo llaman ‘triunfo de la dignidad’. Que cada quien saque sus conclusiones”: Tuit de Gerardo Esquivel, del 4 de febrero a las 22:13.
 
El reduccionismo del contenido del convenio firmado por Javier Corral y el Secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, el pasado sábado por la noche, (para mi sorpresa) está representado en este tuit de Gerardo Esquivel.
 
La idea de que Javier Corral recibió 900 millones de pesos a cambio del control del proceso de Alejandro Gutiérrez, pretende borrar con un plumazo (o tuitazo) simplista y falaz, los dos objetivos de la Caravana Por la Dignidad; punto por punto los siguientes, con el resultado reflejado el mencionado convenio:
 
a) Liberar la retención de 900 millones de pesos con los que los operadores de la SHCP intentaron chantajear a Javier Corral. La bola de nieve que comenzó todo. Una práctica de lo más común, pero desconocida en su ejecución hasta que por primera vez se denunció públicamente. La distribución de recursos desde la SHCP es el arma que apunta a la sien de gobernadores que siempre han aceptado la obediencia por encima del interés público. ¿Cómo enfrentarse al paternalismo centralista que amenaza la llegada del dinero necesario para garantizar las necesidades básicas de las personas? La denuncia pública y la acción ciudadana fue la respuesta. De ninguna forma es poca cosa que el Gobierno Federal haya reconocido la deuda después de negarla y haber inventado pretextos ridículos para justificar la retención de los recursos.
 
Es cierto que la entrega de los 900 millones (que van a las arcas de Chihuahua, no a los bolsillos del Gobernador, para sanear una situación financiera que arrastra los estragos del duartismo) suspendió la posibilidad de que a la Suprema Corte llegara, vía Controversia Constitucional, el tema de la distribución de los recursos asignados bajo el Ramo 23, cuya discrecionalidad permitió que César Duarte desviara dinero a su partido; pero también es cierto que sin la denuncia pública de Corral y la Caravana, el tema estaría posicionado públicamente como lo estaba hasta antes del pasado 8 de enero, es decir, en ningún lado. Por el contrario, en su discurso en el mitin del domingo en Ciudad de México, Javier Corral convocó a una “Asamblea Nacional sobre un nuevo Federalismo Tributario” y a un “movimiento nacional anticorrupción” con participación de todos los sectores. ¿No vale la pena tomarle la palabra? ¿No tenemos todas y todos la responsabilidad de exigir un nuevo federalismo fiscal y no dejar todo en manos de la judicatura?
 
b) Los procesos contra César Duarte y Alejandro Gutiérrez, como motivo del chantaje. Hay varias opiniones, como las de Julio Hernández (y varias distorsiones como las del impresentable Roberto Gil Zuarth), asegurando que se ha negociado el control del proceso contra Alejandro Gutiérrez para cederlo al gobierno federal.
 
Como se mencionó líneas arriba, desde que el propio Meade posicionó la mentira de la tortura a Gutiérrez, el Gobierno Federal, en coordinación con la defensa del ex colaborador de Manlio Fabio Beltrones, ha hecho de todo para lograr que la mentira vicie el proceso. Milagrosamente la PGR decidió crear en los últimos días de enero, la Fiscalía Especializada en Investigación del delito de Tortura y con una celeridad inusual, realizaron las primeras diligencias al día siguiente de la acusación, cuando en 2017 la PGR declinó alrededor de 50 expedientes por tortura.
 
El hecho de que en el convenio se haya acordado el traslado de Gutiérrez al CEFERESO de Ciudad Juárez, desinstala la versión de que el priista es un rehen torturado por el gobierno de Chihuahua. No existirá, tampoco, control de la federación sobre el caso, pues Gutiérrez seguirá a disposición del juez de la causa y el traslado no cambia su situación jurídica.
 
En el caso de César Duarte, es sabido que la PGR había hecho una selección conveniente de causas para solicitar su captura y extradición solo por 4 de las 11 órdenes de aprehensión que se han girado en su contra. En el convenio con gobernación, se informa que la extradición se pedirá por las 11. En resumen, lo que se dejó escrito en el convenio celebrado con la Secretaría de Gobernación, no es nada más que el cumplimiento de la ley.
 
Hasta antes del intento de chantaje del Gobierno Federal a Javier Corral, el caso de César Duarte había sido de poco interés mediático y de un bajo costo político para el PRI- Gobierno (en comparación de los casos del Javier Duarte y Roberto Borge), al grado de que este otro ex gobernador que saqueó a su estado, sigue hoy afiliado al PRI. Quienes han repetido de distintas formas que la denuncia pública de Corral y la Caravana por la Dignidad son una “faramalla para favorecer a Anaya” (como si 39 procesos penales, 30 órdenes de aprehensión, 16 aprehendidos, 23 vinculaciones a proceso y 5 sentencias condenatorias se hubieran fabricado hace un mes ) deberían tener en mente que si no hubiera existido intento de chantaje, no habría existido denuncia pública ni caravana.
 
¿Que todo sucedió en pleno proceso electoral? Sí, pero entonces, ¿que hubiera tenido que hacerse ¿Esperar hasta agosto para hacer la denuncia? ¿Ceder al chantaje del gobierno federal?
 
Mal seguirán haciendo, quienes aspiran a la presidencia, si no entienden que se ha generado la oportunidad de colocar como dos de los temas centrales en el proceso electoral, la construcción de una Fiscalía General autónoma, eficaz e independiente del poder político, y la distribución de recursos públicos de forma transparente, para acabar con las herramientas de control político a disposición de quien se sienta en la silla.
 
Si quienes (irónicamente) tienen interés político en que la cruzada emprendida por Javier Corral sea percibida como un movimiento con fines electorales, actúan con responsabilidad e inteligencia, sabrán ponerse del lado correcto para que nunca más en este país sea necesaria una caravana para conseguir justicia penal y tributaria. Del lado que entierre para siempre el Pacto de Impunidad.
 
Última actualización el Jueves 08 de Febrero de 2018 10:04