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Intereses políticos permean el Sistema anticorrupción en Chihuahua PDF Imprimir Correo electrónico
Escrito por Patricia Mayorga/Proceso   
Miércoles 28 de Febrero de 2018 08:27
 
El gobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado presumió que el Sistema Estatal Anticorrupción será el mejor del país, incluso más que el nacional, pero los intereses políticos que rodearon la creación la Ley Estatal del Sistema Anticorrupción y la selección de los cinco consejeros contradicen su dicho.
 
Por ejemplo, el Congreso local aprobó en octubre pasado la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción sin homologarla con la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, para que se pudieran postular militantes de partidos como integrantes del Comité Estatal de Participación Ciudadana del sistema estatal.
 
Por unanimidad, los legisladores aprobaron dicha ley para cumplir con el ordenamiento que había vencido el 19 de julio anterior.
 
Además, la comisión estatal anticorrupción del Congreso del Estado quedó conformada por tres diputados del partido en el gobierno, el PAN: Jorge Carlos Soto Prieto, Blanca Gámez Gutiérrez y Miguel Francisco La Torre Sáenz.
 
El resto de las posiciones se las repartieron el PVEM, con el diputado Hever Quezada Flores y el Movimiento Ciudadano, con Miguel Alberto Vallejo Lozano.
 
El diputado de Morena, Pedro Torres Estrada, reclamó que no hayan incluido a todas las fuerzas políticas, a pesar de la naturaleza del tema.
 
El 7 de diciembre nombraron a nueve integrantes del Comité de Selección de integrantes del comité mencionado y quedó conformado de la siguiente manera:
 
María Guadalupe Longoria Gándara, integrante de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC); Héctor Martínez Lara, quien en el momento de la elección estaba en el organigrama de la Fiscalía General del Estado como director general de esa dependencia y acudía a reuniones como representante del fiscal general, César Augusto Peniche Espejel.
 
Otros integrantes son: Magdalena Verónica Rodríguez Castillo, también integrante de CMIC; Ivonne Alicia Arroyo Picard, maestra de Ética jubilada en el Tecnológico de Chihuahua; Olga Ponce Frescas, doctora especialista en anestesiología; Javier García Gutiérrez; José Robles Villa Mesa; Víctor Manuel Villagrán Escobar y Carlos Alejandro Rivera Estrada, quien es pareja de la secretaria técnica del secretario general de Gobierno, César Jáuregui Robles.
 
Cinco de los integrantes fueron postulados por la Mesa del Estado de Derecho, conformada por las cámaras empresariales, el Fideicomiso para la Competitividad y Seguridad Ciudadana conformada por empresarios, entre otros organismos.
 
El 6 de septiembre de 2017, el presidente de la comisión de Fiscalización, Jorge Soto, se reunió con la Mesa del Estado de Derecho, para hacerlos partícipes de la creación del sistema estatal anticorrupción.
 
Escasa difusión
 
Una vez que la comisión de selección lanzó la convocatoria, que duró del 24 de enero al 6 de febrero, el Congreso del estado la hizo pública sólo cuatro días antes de que venciera el plazo para el registro.
 
Sólo la publicaron en uno de los medios impresos de mayor distribución en la entidad el 2 de febrero, a pesar de que el acuerdo fue: “’deberá emitir una convocatoria, con el objeto de realizar una amplia consulta pública dirigida a la sociedad en general, para que presenten sus postulaciones de aspirantes a ocupar el cargo’ en el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción”.
 
Casi la mitad de las personas que aspiraron a ser parte de dicho comité, están afiliadas a partidos políticos, principalmente PAN y PRI o bien, trabajan en gobierno como servidores públicos.
 
La comisión de selección se dividió en tres grupos para elegir de manera arbitraria, sólo a 18 finalistas, pero los nueve comisionados no pudieron conocer los resultados de las evaluaciones de todos.
 
Las entrevistas estaban programadas para tres días, del 7 al 9 de febrero del 2018, pero quitaron un día y concluyeron el 10.
 
En actas de reuniones de la comisión de selección, Olga Ponce Frescas firmó bajo protesta por los límites de los plazos y exhortó a sus compañeros a votar por quienes no fueran militantes de partidos, para evitar conflictos de intereses, es decir, para respetar la Ley General.
 
Los seleccionados fueron: José Antonio Enríquez Tamez como presidente y quien es militante panista; Ana Isabel Terrazas Cerros, quien era auditora de la sindicatura de Cuauhtémoc e integrante de la Fundación del Empresariado Chihuahuense en ese mismo municipio; Joaquín Gilberto Treviño Dávila, de CIMC; Liliana Ochoa Ortega y René Moreno Medina, integrante de la organización Wikipolítica.
 
En la entrevista, Treviño Dávila hizo declaraciones discriminatorias por las que lo destituyó la misma comisión de selección.
 
El comisionado recién nombrado declaró:
 
“(…) Y de obra pública no tienen nada porque los legisladores no se han preocupado en actualizar y modernizar ese sistema (…) porque usted abre la ley de adquisiciones y se encuentra con 80 artículos, ¿cómo le llaman los abogados?, clausurados, anulados, abrogados, derogados. ¿Pues para qué la tienen? Ah, pero están muy preocupados en emitir leyes para ver cómo le hacen para quitarle el nombre y el apellido al acta de nacimiento o cómo le hacen para casarse entre maricones o qué se yo. Son situaciones que no podemos permitir, hay cosas fundamentales aquí que hay que cambiar”.
 
El 20 de febrero destituyeron a Treviño y en su lugar nombraron a Norma Yadira Lozano Fernández, quien pertenece a la Fundación del Empresariado Chihuahuense (Fechac) de Juárez.
 
Ese mismo día renunció a su cargo en la comisión de selección, la académica Ivonne Arroyo Picard.
 
Lozano Fernández era parte de los 18 finalistas designados, por lo que para varios de ellos consideraron que la consigna fue para elegir comisionados impulsados por el sector empresarial.
 
Entre el 15 y el 20 de febrero, la CMIC gestionó ante diferentes actores que no destituyeron al también académico de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH).
 
En ese lapso, la integrante de la comisión de selección, Olga Ponce, publicó en un medio público, su posición personal sobre el procedimiento de selección.
 
“El gobernador y los legisladores emitieron la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Chihuahua que no respeta los requisitos de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, principalmente donde se establece que ciudadanos afiliados a partidos políticos no pueden ser miembros del Comité de Participación Ciudadana ni ser Secretarios Técnicos del Comité Coordinador Estatal. En 30 estados de la república se dejó ese requisito que se marca como mínimo”, expuso.
 
La Comisión de Selección emitió una convocatoria con base en los requisitos de la ley local y no de la Ley General.
 
“De lo anterior se desprendió un proceso que permitió que el actual presidente del Comité de Participación Ciudadana sea miembro activo del PAN, cuando es el partido en el poder (…) La ley General marca como requisito mínimo para ser secretario técnico y para ser integrante del Comité de Participación Ciudadana su artículo 34 fracción IX exige no estar afiliado a ningún partido político ni haberlo estado durante los cuatro años antes de la emisión de la convocatoria esto entre otros requisitos que se modificaron como la antigüedad de haber tenido un título universitario y la edad mínima de 35 años que marcarle general a 30 años que marca la ley local”, añade Olga Ponce.
 
Proceso acelerado
 
Explicó que a causa de estos cambios o esta disminución en los requisitos se tuvieron 76 aspirantes, más del 50% de ellos afiliados un partido político y varios de ellos funcionarios públicos activos en el gobierno estatal.
 
“Aunado a ello el proceso fue muy acelerado dado que se nos otorgó únicamente 30 días para seleccionar a estos cinco ciudadanos que integran el Comité de Participación Ciudadana. Sólo en emisión de la convocatoria nos tardamos siete días con un intenso debate interno en la Comisión de Selección, ya que su servidora y la maestra Ivonne Arroyo solicitábamos fuera emitida en base a la ley General y no la ley estatal como ocurrió finalmente”.
 
La Comisión de Selección durará en el encargo tres años, por lo que iniciarán de nuevo el proceso para elegir a un nuevo integrante a finales de este año para que tome el lugar de uno de los miembros.
 
“Por ejemplo, el año entrante sale el presidente actual y el que entra en 2019 entra a la duración de cinco años (…) Ahora bien, el presidente del Comité de Participación Ciudadana será a su vez presidente del Comité Coordinador Estatal que será conformado por otras seis personas titulares de las dependencias gubernamentales relacionadas a la fiscalización de la cuenta pública y a los hechos de corrupción (…)”.
 
La exintegrante de la comisión de selección, justificó su renuncia también públicamente:
 
“No hubo capacidad ni disposición al diálogo al consenso ni al trabajo en equipo en la Comisión, ya que todo se decidió por mayoría y nunca hubo respeto a las opiniones diferentes. La comunicación era evasiva y hasta irónica con jornadas interminables sin llegar a conclusiones concretas. Todo se ‘mayoriteaba’ y nunca se asentaban en las actas mis comentarios.
 
“Tres de los miembros estuvimos en desacuerdo en la forma de revisar los expedientes de los candidatos y dado que teníamos menos de 48 horas para examinar los 76 documentos, se decidió otra vez por mayoría simplificar este paso de una forma que me pareció totalmente inadecuada. Nuevamente, no se aceptó nuestra opinión y se negaron a asentarlo en el acta.
 
“Mi razón de retirarme de ese grupo es que siento que le fallamos a la sociedad como a nosotros mismos. Fallamos a la esperanza de que hubiera una ventana abierta donde encontrar un espacio de confianza en la lucha contra la corrupción. Por lo tanto, no cumplimos con las expectativas que de nosotros se tenían. Creo que desde otros espacios puedo trabajar como lo he hecho hasta ahora”, lamenta.
Última actualización el Miércoles 28 de Febrero de 2018 08:38