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Otra vez, ¿te pago para que me pegues? PDF Imprimir Correo electrónico
Escrito por Francisco Ortiz Pinchetti   
Domingo 08 de Abril de 2018 00:00
La tristemente célebre frase con la que José López Portillo trató de justificar desde el más descarado cinismo su decisión de retirar la publicidad oficial a un medio de comunicación por su actitud crítica hacia el gobierno, permanece hoy plenamente vigente. Ese es el meollo del tema que en estos días vuelve a ser motivo de polémica e intentos de madruguete.
 
Han pasado ¡36 años! desde aquel lunes 7 de junio de 1982, conmemoración oficial entonces del Día de la Libertad de Prensa, cuando el Presidente de la República respondió furioso a un reclamo del articulista Francisco Martínez de la Vega, que a nombre del gremio periodístico le reclamó la represalia tomada en contra del semanario Proceso.
 
“¿Una empresa mercantil organizada como negocio profesional tiene derecho a que el Estado le dé publicidad para que sistemáticamente se le oponga?”, preguntó el Mandatario ante los azorados propietarios y directivos de los medios presentes en la ceremonia. “Esta es, señores, una relación perversa, una relación morbosa, una relación sadomasoquista que se aproxima a muchas perversiones que no menciono aquí por respeto a la audiencia”.
 
Y soltó la pregunta: “¿Te pago para que me pegues?”
 
López Portillo confesó su fechoría, al asumir la responsabilidad de la medida represora contra la revista fundada y dirigida entonces por su primo, Julio Scherer García, publicación que nació en 1976 precisamente a raíz de un golpe perpetrado desde el gobierno contra la Libertad de Expresión. “¡Pues no, señores!”, respondió rotundo Jolopo.
 
Es la misma política de premios y castigos, el garrote o la zanahoria, que ha condicionado por décadas la efectivamente perversa relación entre la prensa y el poder en nuestro país. Lo grave es que siga vigente hoy. Y lo peor: que el régimen priista se aferre a perpetuarla, a través de un intento de albazo legislativo que contraviene el histórico fallo de la Suprema Corte de Justicia que en noviembre pasado ordenó al Congreso emitir la ley reglamentaria sobre gasto de comunicación social del Gobierno a más tardar el 30 de abril de 2018.
 
En una sentencia sin precedentes, en efecto, la Primera Sala de la Corte otorgó amparo a la asociación civil Artículo 19, que reclamó la omisión del Congreso de cumplir el tercer transitorio de la reforma constitucional de febrero de 2014, según el cual la ley en cuestión tenía que estar lista en abril de ese año… y han pasado cuatro años. Ha sido esta la primera vez en su historia que la Corte ordena al Congreso federal expedir una ley, así como la primera vez que el mandato para reparar una omisión legislativa deriva del amparo promovido por un particular.
 
En su razonamiento, el ministro Arturo Zaldívar, autor del dictamen respectivo, precisó que “la ausencia de esta regulación propicia un ejercicio arbitrario del presupuesto en materia de comunicación social, lo cual constituye un mecanismo de restricción o limitación indirecta de la libertad de expresión, claramente proscrito por la Constitución”. Y abundó, para no dejar lugar a dudas: la omisión legislativa “propicia que la política de gasto en comunicación social canalice los recursos fiscales hacia medios afines a las posiciones del Gobierno y niegue el acceso a esos recursos -o simplemente se amenace con restringirlo- a los medios de comunicación que son críticos con las políticas del Gobierno”.
 
Sin embargo, cuando el plazo fijado por la SCT está próximo a cumplirse –y argumentando ahora esa premura– la fracción del PRI en la Cámara de Diputados, con el apoyo de sus esbirros del Partido Verde y Nueva Alianza, intentó aprobar al vapor un dictamen que contraviene flagrantemente la intención de la Corte al dejar el manejo de la publicidad oficial prácticamente igual, bajo los mismos criterios ¡y en manos otra vez de la Secretaría de Gobernación!
 
De ahí la reacción de diversas ONG’s, medios de comunicación independientes y periodistas contra la burda intentona. El lunes pasado, las organizaciones civiles que han dado seguimiento a este tema –y que ahora están integradas en el colectivo #MediosLibres– señalaron en un comunicado que este proceso no era más que una simulación con el que sólo se intentaba dar trámite al fallo de la Suprema Corte.
 
#MediosLibres exige que la Ley Reglamentaria contemple 10 premisas básicas y claras: La publicidad oficial no debe desaparecer, se requiere una Ley General que atienda a los tres niveles de gobierno, definir criterios de asignación basados en la idoneidad, máxima publicidad de las autoridades como de los medios de comunicación, para contar con una rendición de cuentas eficaz y controlar el uso de la publicidad oficial; transparencia y regulación de la medición de audiencia, circulación, visitas y rating, contenidos de utilidad pública y libres de promoción personalizada, la publicidad oficial debe ser siempre identificable, fomento a la pluralidad y a la diversidad, mecanismos de control eficaces y uso racional de los recursos públicos.
 
Es claro que el gobierno de Enrique Peña Nieto, que habrá gastado de manera totalmente discrecional más de 44 mil millones de pesos mayoritariamente en medios de comunicación afines o al menos “bien portados”, pretende que la fórmula histórica del sistema priista se perpetúe, en la lógica del ¿te pago para que me pegues? Como gremio y como sociedad no lo podemos permitir. Válgame.
@fopinchetti
Última actualización el Jueves 12 de Abril de 2018 20:13
 

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