Movimientos sociales de Chihuahua, en el Tribunal Permanente de los Pueblos PDF Imprimir Correo electrónico
Escrito por Víctor M. Quintana S.   
Domingo 24 de Noviembre de 2013 12:48
El Chihuahua que se indigna y lucha  compareció este fin de semana ante el Tribunal Permanente de los Pueblos en la audiencia  dedicada a la represión a los movimientos sociales. Representantes de los organizaciones  sociales norteñas  hicieron ante este prestigiado tribunal de conciencia el recuento de cincuenta años de luchas, de agravios, de violencia en contra de los movimientos que la sociedad chihuahuense ha levantado para defenderse y resistir a las políticas explotadoras, depredadoras y autoritarias, lo mismo del modelo económico de sustitución de importaciones, que del modelo neoliberal, dominado por el capital financiero: de gobiernos salidos de la imposición, como de los emanados de una nunca acabada y estancada transición a la democracia.
 
Acusaron al  Estado mexicano que en  los años sesenta a través del gobierno de Giner Durán, apoyado por los latifundistas ganaderos y madereros reprimió a los campesinos de la UGOCM que demandaban el acceso a la tierra; desalojó a los activistas, persiguió y encarceló a los dirigentes, y cerró las escuelas Normales Rurales. Lo denunciaton por  haber cerrado todos los espacios de protesta pacífica y no haberles dejado a los campesinos, maestros y estudiantes normalistas otra vía que la de las armas. Lo acusaron de la represión sangrienta, la persecución, las ejecuciones extrajudiciales y las detenciones arbitrarias que perpetró contra los grupos guerrilleros encabezados por  Pablo Gómez y Arturo Gámiz en 1965,  y por Jorge González Eguiarte en 1968,   y contra los guerrilleros encabezados por Diego Lucero y Avelina Gallegos en 1972.
 
Acusaron al Estado porque desde fines de los años setenta ejerció en Chihuahua diversas formas de represión contra los dirigentes y las bases de los movimientos urbano populares que reivindicaron y ocuparon lotes para autoconstruir sus propias viviendas, ante la carencia de las mismas, por el afán especulador de los rentistas urbanos.  Recordaron cómo los diferentes gobiernos  desalojaron a los ocupantes de tierras, encarcelaron a los dirigentes y a muchos de los militantes, los atacaron en los medios de comunicación y se negaron a proporcionar los servicios públicos a los asentamientos así formados hasta que la lucha de los propios posesionarios se los fue arrancando.
 
Señalaron al Estado mexicano por haber ejercido diversas formas de violencia contra dirigentes y militantes de organizaciones campesinas como El Barzón, el Frente Democrático Campesino,  el Comité Pro Mejoramiento del Agro, Agrodinámica Nacional, que  han luchado contra los efectos perversos del modelo de agricultura capitalista, extractivista, favorecedor del libre comercio y los grandes productores nacionales y trasnacionales.  Denunciaron al l Estado por  haber encarcelado a los activistas campesinos que luchan contra las altas tarifas de energía eléctrica para riego como Armando Villarreal Martha, ;  que luchan por precios justos para sus productos; por políticas que favorezcan  la soberanía alimentaria y el desarrollo de los agricultores pequeños y medianos. Los acusaron de haber efectuado desalojos violentos cuando las organizaciones ocupaban de manera pacífica, oficinas públicas, carreteras o puentes internacionales: De negar el acceso a programas y recursos públicos a las organizaciones que impugnan sus políticas excluyentes; así como de criminalizar constantemente la protesta rural.  
 
El Estado mexicano y los bancos fuerom acusados también por  la represión continua y sistemática que han ejercido contra  los deudores de la banca, sobre todo los agrupados en El Barzón, desde los años noventa.  Por  ejecutar embargos, desalojos, expropiaciones injustas del patrimonio de las familias; por  golpear  a quienes  lo defienden en contra de banqueros y prestamistas. Por  emplear  torcidamente la ley contra dirigentes y activistas de las organizaciones de deudores y emprender campañas de linchamiento mediático contra  ellos.
 
Acusaron a las empresas forestales, mineras y turísticas que con el apoyo del  Estado mexicano, han ejercido la violencia institucional, policíaca o de guardias blancas contra las comunidades indígenas que defienden su territorio, sus recursos naturales, su tradición y su cultura, como las de Bakéachi, Coloradas de la Virgen, Mogotabo, Norogachi, Mala Noche, y otras más. Los  acusaron de amedrentar a las comunidades indígenas, de perseguir a sus dirigentes, de atacar directamente sus personas. De los asesinatos de los Los  acusaron de amedrentar a las comunidades, de perseguir a sus dirigentes. De los asesinatos impunes de diez  líderes  indígenas  entre 1977 y 1992 y del asesor de Bowerasa Ernesto Rábago.  Los acusarán  también de las amenazas e intento de asesinato contra la abogada Estela Ángeles Mondragón y su hija
 
Fustigaron  al Estado mexicano en todos sus órdenes por la  negligencia culpable y la represión directa contra las organizaciones de mujeres que defienden los derechos de éstas y en contra de mujeres que, solas, se han lanzado a la lucha porque se les haga justicia. Lo acusaron del feminicidio de Marisela Escobedo, Susana Chávez y de varias más   De  haber emprendido campañas de desprestigio contra de organizaciones como Justicia para Nuestras Hijas o el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres por cuestionar las políticas gubernamentales y exigir el fin de la impunidad contra quienes ejercen violencia de género. También denunciaron las amenazas contra dirigentes como Norma Ledezma, Lucha Castro, Cipriana Jurado, Marisela Reyes, y muchas más, así como   la violencia simbólica que propician  en los medios de comunicación contra las defensoras de los derechos de las mujeres.
 
Denunciaron al Estado mexicano por la represión ejercida contra las organizaciones defensoras de los derechos humanos de Chihuahua. Por criminalizar la labor de las personas que, desde estas agrupaciones velan por los derechos de las víctimas en un contexto de violencia criminal y violencia de Estado. Lo denunciaron por propiciar el asesinato o haber actuado con negligencia  en los casos de los integrantes de la familia Reyes Salazar: Josefina, Malena, Rubén y Elías y de Luisa Ornelas. De Benjamín Le Baron y Luis Whitman; de Géminis Ochoa, Alicia Saláiz Orrantia, Paz Rodríguez Ortiz y Paz Alberto Rodríguez Saláiz, del maestro Manuel Arroyo Galván. Lo señalaron por  entorpecer el trabajo de  los derechohumanistas, de no actuar con eficacia para protegerlos. .
 
Con autoridad moral acusaron Estado y a las empresas y grupos de poder económico que practican la minería extractivista y la sobreexplotación de mantos acuíferos y cuencas hidrológicas por los múltiples ataques a los activistas y a los campesinos que defienden el agua y el medio ambiente. Los acusaron del  doble asesinato de Ismael Solorio y su esposa Manuelita Solís,  el 22 de octubre de 2012: de los ataques  a los ejidatarios de Benito Juárez, que rechazan la instalación de la mina El Cascabel. De las agresiones contra de los agricultores que defienden la cuenca del río del Carmen contra de la depredación por grupos de menonitas acaudalados.  De los ataques contra los ejidatarios de Huizopa, municipio de Madera, por defender su tierra  de la devastación practicada por Minera Dolores.
 
En síntesis, los activistas  sociales de Chihuahua, acusaron al Estado mexicano, y a los grupos de poder político y económico de haber ejercido diversas formas de represión y violencia sistemáticas contra los movimientos sociales surgidos en ese estado, precisamente para defenderse y reivindicar sus derechos ante la explotación, exclusión, devastación y violencia multiforme generadas por las decisiones tomadas desde el propio Estado.  Lo acusaron con toda razón por intentar borrar con la violencia cualquier intento de resistencia y de construcción de contrapoderes emprendido por los diversos movimientos sociales. Por reprimir desde hace muchos años a quienes se indignan y se yerguen para construir condiciones de justicia, libertad y dignidad para todas y para todos.
Última actualización el Lunes 25 de Noviembre de 2013 20:59