Los últimos meses la situación nacional parece ir en serio declive. La
violencia se ha incrementado y se ha tornado más indiscriminada o, de
plano, se está orientando a asesinar a inocentes, en una versión
autóctona de terrorismo. En esta tesitura, la figura del ejecutivo ha
salido dañada, y eso ha acentuado un problema de imagen que estaba ya
en serios aprietos.

A eso se le debe añadir la falta de oficio político del primer
mandatario y su equipo: si bien Calderón reaccionó de fea, y muy torpe
manera, frente a la matanza de jóvenes en Ciudad Juárez, los
comentarios del Secretario de Gobernación no parecieron tampoco muy
hábiles y sagaces.

Cuando Gómez Mont afirmó que esos episodios eran de esperarse ante la
embestida contra los traficantes, y que eran como una reacción natural
frente a la firmeza del gobierno, pareció decir que la violencia de
los sicarios era, primero, una prueba del éxito de la lucha y,
segundo, que la población afectada debe aceptarlo como su parte del
altercado; a eso habría que añadir que dejó implícito que, ese tipo de
respuestas no estaban previstas y que el gobierno no sabe cómo
impedirlas o prevenirlas.

La ciudadanía, véase la reacción de algunas madres juarences frente a
Calderón, reflexionó más bien sobre lo que parece ser la ineptitud
rampante del gobierno para defenderla de los actos violentos que,
ellos así lo dicen, son resultados de la lucha contra el crimen. Y la
pregunta inmediata es, si conocen las posibles reacciones violentas de
parte de los sicarios, frente a la presión a que los someten, ¿por qué
no diseñaron programas o acciones para defender a la población inerme?
Es una cuestión razonable, es lo que una entidad responsable y
previsora debería haber planeado. No parece que sea el caso, y no han
dado muestras de haber estado preparados para las reacciones violentas
de los afectados. Desgraciadamente, parece que el actual régimen, no
previó ni planeó, junto con la embestida al narco, la protección a la
población contra la violencia de las respuestas de los delincuentes. Y
ese también era su deber, seguramente más apremiante que la descarnada
lucha contra al tráfico de drogas que cruzan hacia Norteamérica.

A tres años del gobierno de Calderón se puede afirmar que su
estrategia política no parece haber dado mucho fruto, y la lucha
militarizada tampoco tiene un fin cercano. Eso implica que muy
probablemente tendremos violencia similar en el futuro, y un ejecutivo
con menos soporte y legitimidad política que le son esquivas desde la
toma de posesión.

Eso ha desembocado en varias iniciativas no oficiales, de grupos
descontentos, en el sentido de exigir la renuncia del presidente.
Parece remota la posibilidad, pero sí son indicadores fehacientes de
una desesperación y un hartazgo popular que, son una clara muestra de
que el apoyo ciudadano probablemente ha decrecido a la mitad de su
mandato.

Todo eso configura una seria crisis nacional: el problema del narco
tiene que comenzar a solucionarse con eficacia y protegiendo a
inocentes, pero Calderón y su equipo no parecen gozar del apoyo
necesario para lograrlo. La renuncia presidencial parece remota, a
pesar de las presiones en aumento. Sólo resta una auténtica alianza
nacional, en la que el ejecutivo logre una humildad sincera, e
improbable, procure acuerdos de Estado, no políticos, para unificar
criterios y apoyos, y consiga que los partidos y otros actores acepten
la emergencia y logren un acuerdo sólido para refundar el Estado y
luchar contra un enemigo temible y cruel.