El próximo miércoles 30 de Junio se cumple un plazo más para los interesados en la problemática de los Derechos Humanos y en las resoluciones, que no siempre parecen atinadas, de la Suprema Corte de Justicia. Ese día los ministros deben emitir su acuerdo sobre la suerte de algunos habitantes de San Salvador Atenco condenados por “secuestro equiparado” –por sólo unas horas– de una decena de policías durante la brutal toma de ese pueblo en el 2006.

En ese entonces las fuerzas policíacas del Estado de México, y efectivos federales, irrumpieron en el poblado y se dedicaron a violar los derechos humanos y constitucionales de los habitantes de esa comunidad, con la excusa de que se había privado de la libertad a ciertos funcionarios. Fueron casi doscientos los levantados por las fuerzas del orden, los varones fueron golpeados y  amenazados; y las mujeres, hostigadas sexualmente y algunas violadas.

El problema tuvo repercusión nacional porque fuimos testigos, por la presencia en vivo de las cámaras de televisión, que las policías no respetaron reglas, cometieron excesos y perpetraron más transgresiones que las que supuestamente iban a perseguir.

Ese día, Peña Nieto ya gobernaba no hay que olvidar, fueron detenidos183 individuos, y murieron dos personas: un estudiante veinteañero y un menor de edad, víctima de un balazo en la cabeza. Todavía siguen presas 13 personas, de las cuales, es dable suponer, un porcentaje no pequeño está en prisión más por arbitrariedad que por justicia.

El caso se llevó a la Suprema Corte una primera vez para que estudiara si había responsabilidades de las autoridades estatales y federales en la muy grave violación de los derechos humanos de los atenquenses. En febrero del 2009, la mayoría de los ministros de la Suprema Corte señaló como únicos responsables a los policías que infringieron tratos crueles o abuso sexual, así como a los mandos medios que permitieron los abusos. Respecto del gobernador del Estado de México, el secretario de Seguridad Pública federal y otros funcionarios de alto nivel, ocho de los juzgadores los exoneraron de cualquier responsabilidad.

Pero en paralelo, los sistemas de justicia del Estado de México y el federal, no estuvieron indiferentes y procedieron a juzgar y condenar a 13 de los indiciados. De acuerdo a varias organizaciones de derechos humanos, los procesos estuvieron plagados de irregularidades que concluyeron con condenas de 33 años para la mayoría, de 67 para dos más y de más de 100 años en cárcel para quien se consideró el líder.

Sólo con el ánimo de ilustrar conviene dejar claro que eran comerciantes, campesinos o empleados que consideraron una agresión (que pudimos ver en TV) la violencia de los granaderos y se defendieron. Y los condenaron a casi 600 años de prisión entre todos… Baste recordar, para mostrar lo desmesurado de las sentencias, que a Caro Quintero lo castigaron a 40 años por la muerte de un agente de la DEA norteamericana; y que al capo conocido como el Güero Palma le dieron 2 años y 8 meses por un delito, 6 años por otro, que luego fueron reducidos a 2 y 6 meses, y 7 años más por una ultima fechoría: un poco más de 12 años de prisión…

Ante tal injusticia se constituyó un Comité de Libertad y Justicia para Atenco que partió de la convicción de que “ellos no son delincuentes, no cometieron delito alguno. Tampoco son presos comunes, son presos políticos del Estado mexicano. Se encuentran recluidos por razones estrictamente políticas. Eso hace evidente la crisis del sistema de justicia, la confirmación de que en México se pueden violar los derechos humanos con gran impunidad y que existen aún, a varios años de los hechos represivos, intereses en el Gobierno Federal y el Gobierno del Estado de México por mantenerlos presos”.

Dicho comité interpuso un amparo directo como el último recurso de defensa ante la Suprema Corte, que ya dictaminó que ningún funcionario de nivel medio o alto tuvo responsabilidad en el desaguisado, para que decidan si los procesos a que los sometieron fueron de acuerdo a derecho.

Ahora los ministros deben decidir, una vez más, si protegen a poderosos o se alinean a la justicia…