Parecen muy desafortunadas las declaraciones del secretario de Gobernación, cuando llamó a los defensores de los derechos humanos a “no ser tontos útiles de una delincuencia a la que le sirve deslegitimar, contener, condicionar, debilitar la acción de la autoridad”.

Eso sucedió durante la Jornada 2010 de prevención de la tortura, y las expresó en el contexto de que los defensores de los derechos humanos deben distinguir, según él, entre las huellas producto del suplicio y las que resultan de detenciones que deben ser realizadas con un cierto grado de violencia.

Parafraseando a cierto vocero, lo que Gómez Mont quiso decir, y de lo que se quejó, es que los de derechos humanos con frecuencia estorban a la justicia, al defender a quienes que fueron tratados con rudeza, y consiguen que se les otorguen garantías que no merecen, o logran simpatías infundadas por su queja de haber sido maltratados. Eso, según el funcionario, socava la acción de las fuerzas de seguridad y convierte al defensor, en un “tonto útil”.

Lo dicho por el secretario tiene mucha miga, y deja ver una tesitura moral e ideológica que debería preocupar hondamente a los que aspiramos a la instauración de un estado de derecho, de una democracia eficaz, de una paz con dignidad y justicia para todos.

La función de los “ombudsman”, de los defensores de los derechos humanos, es vigilar que quienes tienen la autoridad y representan la ley y el derecho no se extralimiten, ni la utilicen para hostigar, atacar y medrar en su propio y personal provecho y con detrimento de terceros, con las facultades que la ley les otorga. El caso típico es el de un funcionario que, cobijado en su cargo, presiona y amenaza a particulares para obtener privilegios, las más de las veces económicos.

Pero también puede suceder que elementos de seguridad “decidan” incriminar a un individuo en un delito, para dar la impresión de presteza en la solución de un crimen, o para proteger al culpable que entabló cierta complicidad con ellos, o simplemente porque es más fácil echar la culpa a un desvalido que trabajar en una investigación policial seria.

En esta ocasión Gómez Mont evidenció que no conoce el profesionalismo de los ombudsman, dio la impresión de creer que estaba frente a un cuerpo de aficionados indefensos ante la manipulación de los criminales, y que se dejan llevar por una simpatía infundada a favor de quienes son maltratado por exceso de las autoridades.

No es así: las Comisiones e institutos dedicados a esa labor suelen contar con excelentes peritos y abogados, capaces de exponer, con datos fidedignos, las violaciones de las fuerzas del orden, o el desaseo de las investigaciones. Parte del problema es que suelen ser más capaces, no para defender al delincuente ese no es su papel, sino para exponer con claridad que quienes deben hacer justicia, la violan.

Tontos útiles dijo, con suficiencia y soberbia, y dejó ver que para él la justicia está bien servida cuando se trata con injusticia a presuntos delincuentes, aunque no se les haya probado el delito.

La contrariedad mayor, que Gómez Mont se negó a aceptar, es la posibilidad de que la acción de los representantes del estado, de quienes por ley detentan el monopolio de la violencia, se aprovechen de esa capacidad, o la ejerzan contra quienes no tienen ni delito, ni son sospechosos. Y los ejemplos abundan, señor secretario…

Cuando un funcionario de alto nivel descarga yerros, y cárcel, en un subordinado colocado en el escalón más bajo de la burocracia, para no purgar él la culpa, está violando los derechos humanos, él, y todo el aparato de justicia que eligió no ver el disparate.

El caso de los niños Almanza, tiroteados en un retén en Tamaulipas es uno: Todo apunta a que la versión de los militares que dispararon contra la familia es falsa; Gómez Mont rechaza la queja de los parientes y se alinea con la versión castrense. Ahí hubo una violación extrema de los derechos, no hubo ningún delincuente entre los fallecidos o heridos, y Gómez Mont colocaría, eso se deduce, a quienes los defienden bajo el epíteto de tontos útiles.

La pregunta que surge, obvia, de todo el lance es ¿A quién resulta útil el funcionario?