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Piden reactivar comisión para seguimiento del caso Rubí PDF Imprimir Correo electrónico
Escrito por Cimac   
Martes 28 de Diciembre de 2010 22:56
Ante el clima de violencia que priva en Chihuahua contra las mujeres, organizaciones de la sociedad civil (OSC), solicitaron una reunión urgente con el presidente Felipe Calderón, el Procurador General de la República, Arturo Chávez Chávez, el Gobernador de Chihuahua, César Duarte y el Fiscal, Óscar Salas. En un comunicado, las organizaciones Justicia para Nuestras Hijas y el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Cedehm), de Chihuahua, solicitaron el apoyo de organizaciones nacionales e internacionales, así como de la ciudadanía en general para exigir al Estado mexicano asuma su responsabilidad en los asesinatos de mujeres en la entidad en particular de los casos de Marisela Escobedo, y su hija Rubí Frayre Escobedo.
Escobedo Ortiz fue asesinada a las puertas del 
palacio de gobierno de Chihuahua, el 16 de 
diciembre. Ahí se había instalado en un plantón, 
para exigir cárcel para el asesino confeso de su 
hija Sergio Barraza Bocanegra, liberado en abril de 2010.
 
En el documento, las organizaciones detallan la 
información derivada del acompañamiento que 
realizaron a Marisela Escobedo, en su búsqueda de 
justicia, y solicitan a la ciudadanía en general 
que llame, envíe correos electrónicos o mensajes 
vía twitter, solicitando a las autoridades una 
reunión para revisar los resultados del trabajo 
de la Comisión Interinstitucional para el 
seguimiento del caso Rubí y reanudar los trabajos de la misma.
 
Recordaron que el 30 de abril de 2010, cuando fue 
absuelto el asesino confeso de Rubí, Barraza 
Bocanegra, ante la presión de la propia Marisela 
por el fallo, el entonces gobernador de Chihuahua 
José Reyes Baeza ordenó la creación de dicha 
Comisión Interinstitucional para el seguimiento del caso Rubí.
 
Dicha Comisión estaba integrada por: la 
Secretaría General de Gobierno, el Supremo 
Tribunal de Justicia del Estado, la Procuraduría 
de Justicia, la Barra y Colegio de Abogados de 
Ciudad Juárez, el Congreso del Estado, la 
Defensoría Pública, la Comisión Estatal de 
Derechos Humanos, Mesa de Mujeres de Juárez; las 
representantes del CEDEHM y de Justicia para 
Nuestras Hijas, a estas dos últimas pertenecía 
Marisela, y fueron representantes legales de la víctima.
 
El texto de las organizaciones precisa que en 
dicha Comisión se documentaron las omisiones y 
negligencias de funcionarios públicos y jueces 
tales como: “la negativa a recibir la denuncia de 
Marisela por la desaparición de su hija; la 
omisión en la aplicación del protocolo Alba, que 
obliga a la coordinación de instituciones y 
corporaciones policíacas federales, estatales y 
municipales ante la desaparición de una mujer en Ciudad Juárez”.
 
“El retraso injustificado de más de 40 días para 
buscar los restos de Rubí en el lugar donde se 
les había señalado; entre otras muchísimas irregularidades”, afirman.
 
Y agregan que dichas observaciones se 
fundamentaron en la revisión jurídica del 
expediente, además de que se elaboraron 
recomendaciones concretas para los tres poderes 
del Estado y para la federación que sin embargo, 
“hasta ahora han sido desestimadas”.
 
Así el 20 de mayo de 2010, se realizó un nuevo 
juicio, esta vez, ante un tribunal de casación, 
integrado por los magistrados José Alberto 
Vásquez, Flor Mireya Aguilar y Roberto Siqueiros 
Granados, en donde participaron como coadyuvantes 
Marisela Escobedo y Luz Estela Castro.
 
El Tribunal de Casación anuló la sentencia 
absolutoria, emitió una sentencia contra Sergio 
Rafael Barraza Bocanegra, condenándolo a 50 años 
de prisión, y giró una orden de aprehensión.
 
La Procuraduría General de la República y la 
Procuraduría del Estado de Chihuahua tuvieron más 
de 200 días, hasta el día en que Marisela fue 
asesinada, para detener al asesino de Rubi.
 
La misma Marisela constató, cuando acudió a las 
representaciones de la PGR en diversos estados, 
así como a las procuradurías locales, que nadie 
estaba buscando al asesino de su hija y que no había acuerdos de cooperación.
 
En este contexto, las organizaciones también 
solicitan implementar de inmediato medidas de 
protección y garantías para las defensoras de 
Derechos Humanos (DH) de Chihuahua, en especial 
para las integrantes de Justicia para Nuestras Hijas y el CEDEHM.
 
También exigieron que se cumplan las resoluciones 
de la sentencia emitida por la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), por 
el caso “Campo Algodonero”, y se realice una 
consulta entre la ciudadanía y organizaciones de 
DH, sobre las iniciativas para reformar el sistema penal de la entidad.

 

Última actualización el Martes 28 de Diciembre de 2010 23:07