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Jueces: tratan de lincharnos para esconder la realidad PDF Imprimir Correo electrónico
Escrito por arrobajuarez/La Jornada   
Jueves 20 de Enero de 2011 10:42
■ “El Ministerio Público no aportó pruebas suficientes y contundentes”, reiteran ante la prensa en el DF 
■ “Nuestra sentencia no mató a nadie, ni a Rubí ni a su madre Marisela Escobedo”
■ “Es falso que en el expediente se haya incluido la confesión”
■ “No declaramos inocente o culpable a Barraza, sólo lo absolvimos por insuficiencia de pruebas”
■ “Se trata de lincharnos para esconder la realidad de los crímenes que ocurren cotidianamente en Chihuahua”.
En conferencia de prensa desde la Ciudad de México, los jueces Rafael Boudid, Catalina Ochoa y Nezahualcóyotl Zúñiga - próximos a ser sometidos a juicio político por la absolución de Sergio Rafael Barraza Bocanegra, asesino de Rubí Marisol, hija de la asesinada activista social Marisela Escobedo-   defendieron dicha sentencia y aseveraron que “esa decisión se adoptó por insuficiencia de pruebas; es decir, porque el Ministerio Público no aportó pruebas suficientes y contundentes”; “es falso que en el expediente conste la confesión del inculpado”.
 
 “Nuestra sentencia no mató a nadie, ni a Rubí ni a su madre Marisela Escobedo, quien fue asesinada hace un mes. Este hecho, el crimen de Escobedo, ocurrió siete meses después de la decisión de absolución que se adoptó sobre el acusado”, señaló la juez Catalina Ochoa.
 
Inquiridos por los representantes de la prensa nacional si en tal veredicto hubo errores y de ahí el procedimiento administrativo y el juicio político en su contra, respondieron, asegurando que no incurrieron el irregularidad alguna, “pero, de ser así, que se nos castigue con nuestras normas jurídicas y no con criterios políticos. Se trata de lincharnos para esconder la realidad de los crímenes que ocurren cotidianamente en Chihuahua”.
 
Representados por el abogado Maclovio Murillo, los jueces chihuahuenses defendieron a  lo largo de poco más de una hora  la resolución que absolvió Barraza Bocanegra. 
Sostuvieron que “es falso que en el expediente conste la confesión del inculpado: lo que hay son testimonios de oídas, que no tienen ningún valor probatorio”.
 
 “No existió confesión, eso es falso, pues el imputado hizo uso de su derecho a no declarar y, por tanto, jamás admitió culpabilidad ante el Ministerio Público y/o ante los jueces”, subrayaron. 
 
“La resolución de absolución -agregaron-  estuvo apegada a derecho. Es falso que en el expediente se haya incluido la confesión; lo que hay son testimonios de oídas”.
Y dieron ejemplo de ello: Marisela Escobedo declaró que ‘un joven de nombre Ángel Gabriel Maciel le informó que escuchó a Sergio Rafael Barraza, que mató a su ruca porque la encontró desnuda con otro hombre’. 
 
Así como un “testimonio de Rafael Gómez Rojas, padrastro del imputado, declaró que ‘les informó a elementos municipales que a su vez, Sergio Rafael Barraza a él le comentó que golpeó a Rubí Marisol, debido a que la sorprendió con un hombre en el hecho carnal’, agregando haber acompañado a los policías a realizar la inspección en el domicilio de la pareja donde no encontraron nada”.
 
Asimismo, los jueces manifestaron que “desecharon esas pruebas porque no eran contundentes y el artículo 331 del Código Procesal Penal de Chihuahua dispone que los elementos de prueba no tendrán valor si han sido obtenidos por un medio ilícito. Establece además que la declaración del imputado sólo tendrá validez si es prestada voluntariamente ante el Ministerio Público o un juez y asistido por un defensor”; esto, insistieron, “no ocurrió”.
 
Explicaron que  “la función del juez, en un juicio oral, no es investigar ni ayudar a alguna de las partes a demostrar su postura, ni dar eficacia a las pruebas que no reúnen los requisitos legales; hacerlo sería juzgar a partir de pruebas ilícitas violando la Constitución”. 
 
“Nosotros no declaramos inocente o culpable a Barraza, sólo lo absolvimos por insuficiencia de pruebas; el Ministerio Público no hizo bien su trabajo”, sostuvieron.
 
En ese sentido aseveraron que “la resolución del tribunal de casación, que revocó la sentencia absolutoria a Barraza, es ilegal, porque se dejaron presionar por el Poder Ejecutivo estatal y por la sociedad”; y que juicio político en su contra “es improcedente”.
Última actualización el Jueves 20 de Enero de 2011 10:54