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Un Estado que no garantiza la integridad de sus habitantes es un fracaso. La única razón de ser del Estado es velar por la seguridad de las personas y de sus bienes. Para eso pagamos impuestos, derechos, multas y cuantos cobros van a parar a la hacienda pública.
Llevamos más de dos décadas de fracaso del Estado mexicano. Desde principios de los noventa, empezamos a padecer la crisis de inseguridad que se ha llevado a cientos de miles de mexicanos en un número que se acerca al medio millón de personas.
Las estadísticas del INEGI cifran en 427 mil 968 los homicidios entre 1990 y 2016, mientras que el Sistema Nacional de Seguridad Pública añade 16 mil 152 homicidios dolosos entre enero y julio de este año. Se dice fácil, pero son 444 mil 120 mexicanos admitidos oficialmente como víctimas de la violencia desde entonces.
La mayor cuota de esa incapacidad la están pagando hombres jóvenes en sus años 20, que se han convertido en una generación a la que el Estado mexicano abandonó reduciéndoles sus oportunidades de educación y empleo.
El modelo de liberalización económica en el que el Estado se hace cada vez menos responsable ha resultado sumamente traumático en México. Es un Estado que se empequeñece en todos los sentidos, incluida en su razón primigenia.
A principios de los noventa, en otra cara de ese Estado fracasado, comenzaron los asesinatos de mujeres. Ciudad Juárez fue durante esa década símbolo de los feminicidios. A pesar de la presión internacional por esos crímenes, nada hizo para resolverlos.
Ni los gobiernos estatales y federal del PRI ni los del PAN los atendieron.
Pronto se repitieron en todo el país, con otros partidos, porque la respuesta del Estado fue crear burocracias en lugar de investigar y sancionar a los responsables.
El Estado de México es ahora la entidad con el mayor número de feminicidios, pero la realidad es que la muerte de mujeres se ha incrementado en todo el país desde que el Estado mexicano, con Felipe Calderón, decidió responder con más violencia a la violencia.
La desaparición y asesinato de Mara Fernanda Castilla Miranda en Puebla confirma a esa entidad con el mayor número de mujeres desaparecidas en el país: 824, según el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas. Es el único estado de la República donde las desapariciones son más altas entre mujeres que entre hombres.
La desaparición de mujeres, por lo general, está vinculada a otras formas de violencia de género, como la sexual, la trata o los feminicidios.
Es un problema de Estado en el que está comprometida una parte de su población. No es un asunto sólo de mujeres. Nos incumbe a todos. Incluido el sector privado, como en el caso de las maquilas en Juárez, Chihuahua, el servicio de taxis Cabify o los gasolineros que le compraban combustible al presunto asesino de Mara, Ricardo Díaz, como dice la fiscalía de Puebla que ocurrió.
En su abdicación, el Estado mexicano ha adquirido una faceta criminal porque los encargados de investigar se han convertido en el motor de la impunidad.
Pagados del erario, pierden evidencias, tuercen investigaciones, diluyen la responsabilidad y se convierten en parte del entramado delictivo.
Esa fue la historia de los feminicidios en Juárez y la garantía de impunidad para que dos décadas después se siga matando a mujeres en México.
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