Calderón condena a jueces de Chihuahua Imprimir
Escrito por Milenio   
Jueves 13 de Enero de 2011 09:41

El presidente Felipe Calderón hizo un llamado al Poder Judicial a revisar su papel en la lucha anticrimen y censuró que un mero “formalismo” haya impedido a tres jueces de Chihuahua condenar al asesino de la hija de Marisela Escobedo. Más aún, consideró que hay juzgadores que más que eso son meros “verificadores de requisitos”.

En una jornada más del Diálogo por la Seguridad, ahora con representantes de la sociedad civil, el mandatario afirmó que se habla mucho de policías y gobiernos, “pero poco de jueces, y creo que tienen mucho que decir” .
 
“Lo digo con toda claridad y con casos específicos porque sí, efectivamente, duele mucho que el esfuerzo que se hace por la sociedad y el gobierno para combatir la criminalidad se debilite finalmente en la última etapa (los juzgados)”, sostuvo.
 
“Lo que ocurrió en el caso de la señora Marisela (Escobedo), por desgracia así fue: porque por un formalismo, quizá, los jueces tuvieron la oportunidad de no condenarlo (a Sergio Rafael Barraza, asesino de Rubí Frayre). Y aquí también (hago) un llamado respetuoso al Poder Judicial. Yo digo que no todos, quizá ni la mayoría, pero sí hay, llega a haber jueces que más que jueces son verificadores de requisitos. Es decir, hacen un check list de todas las cosas que deben cumplir: ‘aquí le faltó una firma del policía y (el detenido va) para afuera’”, dijo.
 
El presidente Felipe Calderón afirmó también que tiene prisa en el tema de la seguridad, porque restan poco menos de dos años a su gobierno y no quiere “dejar las cosas a medias”.
 
Para ello pidió la ayuda de la sociedad civil para que exija el cumplimiento de ese desafío a todos los gobiernos, y aceptó que le interesa mejorar la eficacia en el combate al crimen y al mismo tiempo bajar los indicadores de violencia.
 
Ofreció también los mejores oficios de su administración para seguir adelante con la estrategia antinarco en Nuevo León, “que empieza a rendir frutos”, y mejorar la colaboración con las administraciones estatal y las municipales.
 
Además, resaltó el hecho de que sólo 11 de los 32 centros de control de confianza del país avanzan, pese a que los gobiernos estatales asumieron ese compromiso hace dos años.
 
“Si nos tardamos dos años o más en crear los centros, imaginen ustedes cuánto podremos avanzar en la verificación de los policías”, dijo.
 
El Presidente reiteró que nunca ha llamado “guerra” al combate al crimen organizado y consideró que otro indicador de avance o retroceso de la estrategia, más allá de los homicidios, puede ser la cifra de líderes de la delincuencia detenidos o abatidos, el avance institucional y el número de policías certificados.
 
También lamentó que en lugares como Acapulco, ahora en lugar de agua de coco, a los jóvenes “se ofrecen coca”, y reiteró que hasta que no se cuente con 32 policías confiables no se avanzará en el esfuerzo por la seguridad.
 
Claves
 
No hay persecución
 
• El presidente del Senado, Manlio Fabio Beltrones, debe intervenir para que se evite la impunidad en el caso de los jueces de Chihuahua, a quienes se sigue juicio político, pidió el líder del PT, Ricardo Monreal.
 
• Expresó que el priista debe enviar una nota a la titular de la SRE, Patricia Espinosa, a fin de que tenga comunicación con la cancillería estadunidense y aclare que no existe persecución política contra los jueces.
 
• Adicionalmente, dijo, debe mantener comunicación con su par estadunidense para explicar el caso y evitar que los jueces no se sometan a juicio.
 
•••
 
La voz de los juzgadores
 
Netzahualcóyotl Zúñiga
“El juicio político no se explica sin la presión del gobernador César Duarte”
 
El juez Netzahualcóyotl Zúñiga afirmó que el hombre acusado de asesinar a Rubí Marisol Frayre Escobedo, hija de Marisela Escobedo, pudo ser condenado a la pena máxima (60 años) si existiera su confesión.
 
En entrevista radiofónica con Ciro Gómez Leyva, dijo que él y sus dos colegas siguen en México, pero también firmes en solicitar asilo en Estados Unidos, pues consideran que la decisión del Congreso de Chihuahua de entablar un juicio político en su contra un “linchamiento político”.
 
Acusó al Legislativo de estar supeditado al gobernador César Duarte, pues es la única forma de explicar que se aceptara la petición contra los jueces que decretaron la libertad de Sergio Rafael Barraza.
 
“Así se entiende porque ese fallo causó conmoción al señor (Duarte). ¡Claro que sí! Y posiblemente (hubiéramos dado) la pena de 60 años, eso es indudable, la cuestión es que no hay confesión”.
 
Barraza Bocanegra se reservó su derecho a declarar con base en el artículo 20 de la Constitución. “Ni siquiera declaró, menos confesó”, señaló.
 
Rafael Boudid
“El implicado nunca confesó el crimen y decidimos no hacer público ese dato”
 
Rafael Boudid dijo que, junto con sus compañeros del tribunal oral, acordó no difundir públicamente que el presunto homicida no confesó el asesinato de Rubí Frayre, pero ante las actuales circunstancias tuvieron que hacerlo porque fueron expuestos al desprestigio.
 
“Era una estrategia o era una reserva de decir: ‘somos cautos y manejamos los procedimientos legales’, pero al ver que se está llevando a cabo un juicio político por las causales que la propia ley establece, nos vemos en la necesidad de entender que fue una información divulgada con un sentido distinto al jurídico, por esa razón, pero no existe”.
 
Respecto a las declaraciones de Barraza Bocanegra, quien pidió perdón a la señora Marisela Escobedo, insistió en que no constituyen una confesión.
 
El juez recordó que el fallo fue unánime porque el Ministerio Público no aportó pruebas suficientes. “Nosotros hemos emitido no una, sino muchas sentencias contra personas de todo tipo, y no atendemos a la persona, al ofendido por su calidad, sino por lo que quede demostrado que realmente hizo”.
 
Catalina Ochoa
“Iremos a instancias internacionales; aquí nos persiguen políticamente”
 
La juez Catalina Ochoa Contreras advirtió que recurrirán a instancias internacionales como parte de su defensa legal, pues aseguró que en México enfrentan una persecución política.
 
“Dependiendo de la presión política que se nos haga, dependiendo de esa circunstancia vamos a estar en posibilidad de asilarnos políticamente; ese es el motivo por el cual nos están persiguiendo, por la decisión que hemos tomado”.
 
Dijo que al constituirse en tribunal de juicio oral adoptaron una decisión unánime que derivó en la sentencia absolutoria, ya que no hubo ninguna prueba contundente contra el acusado, pues de lo contrario no les hubiera “temblado la mano” para sentenciarlo.
 
Maclovio Chávez, abogado de los tres jueces del Tribunal Oral de Chihuahua, aseguró que es improcedente el juicio político para revisar la legalidad de una resolución jurisdiccional, toda vez que ello implica vulnerar la autonomía del Poder Judicial y así lo determina la Suprema Corte de Justicia de la Nación.